Desde 2015, la Primera Circunscripción Judicial acumula 2.813 casos, en Catamarca. Detrás de los números, conflictos familiares, falta de comunicación y situaciones de vulnerabilidad.
En 10 años, la Primera Circunscripción Judicial de Catamarca acumuló 2.813 denuncias por desaparición de personas y fuga de hogar. El número, que surge de estadísticas del Poder Judicial relevados entre 2015 y 2025, no es solo una estadística: detrás de cada caso hay, en la mayoría de las situaciones, un adolescente que decidió irse de su casa porque algo en ese hogar no estaba funcionando.
La serie histórica muestra una curva con un pico claro y una caída posterior que se sostiene. En 2015 se registraron 282 denuncias. Los años siguientes fueron en ascenso: 386 en 2016 y 424 en 2017, el número más alto de la década. Luego comenzó el descenso: 359 en 2018, 319 en 2019. En 2020 la cifra cayó abruptamente a 197, en un año marcado por el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19, que forzó a familias e hijos a convivir sin posibilidad de movimiento. Los años siguientes consolidaron esa tendencia baja: 211 en 2021, 203 en 2022, 227 en 2023, 200 en 2024 y 205 en 2025.
La baja es real y sostenida. Sin embargo, los 200 casos anuales que se registran desde hace seis años indican que la problemática no desapareció: se estabilizó en un piso que se repite año a año.
La Primera Circunscripción Judicial comprende los departamentos de Capital, Valle Viejo, Capayán, Fray Mamerto Esquiú, Ambato, Ancasti, Paclín, Santa Rosa y El Alto. Dentro de esta jurisdicción, la distribución no es pareja. En 2025, la UJ 10 de Valle Viejo concentró la mayor cantidad de denuncias con 35 casos, seguida por la UJ 9 con 32 y la UJ 2 con 26, estas dos últimas en la zona sur de la Capital. En 2024 el primer lugar había sido para la UJ 8, de la zona norte, con 36 denuncias, seguida nuevamente por la UJ 10 con 32 y la UJ 9 con 26. Los mismos sectores geográficos aparecen de manera consistente en los primeros lugares.
El perfil de quienes protagonizan estas denuncias es consistente a lo largo de los años: se trata principalmente de adolescentes, no de adultos. En la gran mayoría de los casos, la situación se resuelve en pocas horas: aparecen en casa de un amigo, un compañero de escuela o algún familiar.
Sin embargo, detrás de esa resolución relativamente rápida se esconden dinámicas que merecen atención. Las causas más frecuentes son los conflictos al interior del grupo familiar, en especial en familias ensambladas donde la convivencia con padrastros o madrastras genera tensiones que los adolescentes no siempre pueden o quieren verbalizar. También se registran casos vinculados a situaciones de violencia o abuso, que salen a la luz recién cuando el chico o la chica aparecen y es entrevistado por equipos interdisciplinarios.
Otro factor que los operadores judiciales y personal policial señalan con insistencia es la falta de comunicación: muchos padres desconocen quiénes son las amistades de sus hijos, qué hacen, con quiénes se relacionan en redes sociales. Al momento de radicar la denuncia, no pueden aportar datos precisos. En algunos casos, la denuncia misma se hace por desesperación, antes de agotar las averiguaciones básicas. La falta de comunicación, en ese sentido, es tanto un síntoma como un agravante.
No todas las desapariciones activan los mismos mecanismos. Para los casos de mayor gravedad, Argentina cuenta desde 2019 con el Alerta Sofía, un sistema de emergencia que se inscribe en una red internacional cuyo antecedente directo es el Alerta Amber. El Alerta Amber nació en 1996 en Estados Unidos, después de que Amber Hagerman, una niña de 10 años, fuera secuestrada y asesinada en Texas. Su caso motivó la creación de un sistema de alerta pública orientada a notificar de manera inmediata a la comunidad cuando se registra la desaparición de un niño o niña en riesgo. Hoy ese sistema funciona en más de 40 países, entre ellos Canadá, Francia, Alemania, México y Ecuador.
Argentina adoptó su versión local bajo el nombre Alerta Sofía, en referencia a Sofía Herrera, la niña de tres años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, cuyo caso sigue sin resolverse y se convirtió en símbolo de la necesidad de contar con herramientas de búsqueda específicas para niños y adolescentes. Argentina fue el segundo país de América Latina en incorporar este modelo. El Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la búsqueda y localización inmediata de niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en "alto riesgo inminente", mediante el trabajo articulado entre entidades del sector público y privado, medios de comunicación y sociedad civil. Cuando se activa, se difunden de manera masiva fotografías, datos personales y características del buscado a través de televisión, radio, redes sociales, plataformas digitales y mensajería celular.
No obstante, el sistema no se activa ante cualquier denuncia. Para que proceda deben cumplirse varios requisitos: que la persona sea menor de 18 años, que exista una denuncia formal, que haya una investigación en curso y que las autoridades consideren que hay riesgo inminente para la integridad física o psicológica. Además, debe presumirse la posible comisión de un delito. La solicitud debe provenir de la autoridad judicial a cargo de la investigación.
Desde su creación, el Alerta Sofía se activó 11 veces en Argentina. El caso más reciente que encendió el debate público fue el femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba en mayo pasado, cuya familia cuestionó la demora en la activación del mecanismo. Días después, el sistema también se activó para la búsqueda Desde su creación, el Alerta Sofía se activó once veces en Argentina. De esas búsquedas, seis chicos y chicas fueron encontrados con vida; tres —Guadalupe Lucero, Loan Danilo Peña y Liam Flores— siguen desaparecidos; y una terminó de la peor manera: el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuya familia cuestionó la demora en activar el mecanismo. El undécimo caso fue el de “Lucy”, de 15 años, desaparecida en Colonia Caroya el lunes tras salir del colegio y encontrada con vida en Jesús María, a 6 kilómetros de su casa. La Justicia trabaja para establecer qué ocurrió.
Los números de Catamarca —en torno a los 200 casos anuales en los últimos seis años— no llegan al umbral que activa el Alerta Sofía, porque en la mayoría de los casos los adolescentes aparecen rápido y sin indicios de delito. Pero cada una de esas denuncias encierra una historia de ruptura, de conflicto sin canal de expresión, de vínculo que no funcionó. Y eso, más allá de los protocolos y los sistemas de alerta, es lo que el sistema de protección de la infancia todavía tiene pendiente atender.