Aseguran que se están vulnerando derechos de la familia de la víctima. Malestar por la demora de la reconstrucción.
Desde la querella solicitarán -por tercera vez- que el fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla, sea apartado de la causa por la que se investiga el homicidio del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.
También pedirán que se designen fiscales coadyuvantes para la continuidad de la pesquisa.
Avanzarán con estos planteos porque consideran que hay una vulneración sistemática de los derechos humanos de la familia Rojas.
Por otra parte, desde la querella indicaron que al Ministerio Público Fiscal (MPF) no le interesa la reconstrucción del hecho.
En este sentido, señalaron que era una pericia prioritaria para determinar cuántas personas participaron en el asesinato.
Además, remarcaron que es vergonzoso que se pretenda avanzar con esta medida luego de dos años del suceso.
“Vamos a pedir nuevamente el apartamiento (de Costilla) y la designación de fiscales coadyuvantes porque creemos que el tratamiento que se le está dando a la familia atenta contra los derechos de la víctima. Y nos pone en una situación sui generis (muy singular): no nos tratan ni como imputados ni como querellantes. Los imputados tienen derechos, algunos, específicos. Y los querellantes tienen los suyos. A nosotros, esta Fiscalía no nos ha dado el trámite respetuoso y considerado que corresponde para la víctima. Entonces, existe una vulneración sistemática de los derechos humanos de la familia Rojas”, aseguró el abogado querellante, Iván Sarquís, en diálogo con El Ancasti.
El letrado explicó que esto “viene ocurriendo hace dos años” y, por esta razón, “la familia está considerando recurrir a un organismo internacional de derechos humanos y hacer la denuncia contra el Estado argentino y contra el Estado catamarqueño por el incumplimiento del plexo normativo constitucional que establece las garantías que esta Fiscalía viene violentando e incumpliendo una a una”.
En la querella, existen dudas con respecto a quién está llevando adelante la investigación por el crimen.
También aseguraron que no hay una comunicación formal y fluida con la Fiscalía. Según remarcaron, no tienen información de cuál es el avance que tiene la pesquisa.
“Hemos estado muy quejosos porque hubo medidas sumamente importantes y relevantes, y medidas probatorias que la querella ha presentado y ha solicitado, y el fiscal en la instrumentación obvió notificarnos de nuestras propias medidas solicitadas. Entonces, hay una violación sistemática y sostenida de los derechos de la familia de Juan Carlos Rojas, que ha provocado una vulneración de las garantías constitucionales internacionales. Por eso, estamos trabajando para ir a un organismo internacional”, añadió Sarquís.
Reconstrucción
Por otra parte, el letrado habló sobre la reconstrucción del hecho, que está pendiente.
Sarquís resaltó que formalmente no saben “nada” sobre esta cuestión. “Nosotros hemos pedido la reconstrucción del hecho allá por febrero, marzo del año pasado. Pedimos porque es un homicidio y porque obviamente debería haberse practicado esta pericia no dos años después, que es una vergüenza para la investigación, y que demuestra la incapacidad o la poca voluntad de avanzar en un crimen. Nos permite a nosotros determinar, con mejor precisión, qué le ocurrió, cómo lo matan a Juan Carlos”, detalló.
De acuerdo con lo que comentó el querellante, la Fiscalía viene emitiendo comunicados donde deja entrever una mecánica homicida donde una persona en singular le aplica un golpe sorpresivo por detrás, que genera un contragolpe en la parte frontal del rostro, y así muere.
“Esta mecánica obvia el universo lesional de 28 lesiones que ocurrieron evidentemente antes de que se le provoque la muerte. Lo que a nosotros nos fastidia es la poca intención de avanzar sobre esta línea que tiene el Ministerio Público porque evidentemente no recibió Juan Carlos un solo golpe. Y ese solo golpe es imposible que explique el marco lesional que tiene”, agregó.
Para Sarquís, esto debió ser prioritario para la Fiscalía porque “iba a permitir determinar, cuando se pidió, cuánta gente intervino en el hecho. Nos íbamos a dar cuenta de que era imposible que en la maniobra intervenga una sola persona. Por eso era prioritario para saber cuántas personas teníamos que salir a buscar. Si eran hombres, mujeres, altos, robustos, delgados, derechos, zurdos. Ésa era la importancia de la reconstrucción. Hacer una reconstrucción dos años después… creemos que al Ministerio Público no le interesa, lo está haciendo de compromiso”.
De acuerdo con la información a la que accedió este diario, está previsto que entre febrero y marzo se realice la reconstrucción del hecho, una de las medidas más esperadas por las partes, especialmente por la querella.
La reconstrucción del hecho, además, es una de las pruebas que está pendiente en la investigación que dirige el fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla.
Esta pericia fue reclamada por la querella el 4 de diciembre del año pasado, en la conferencia de prensa que brindaron a los medios de comunicación.
El 4 de diciembre de 2022 fue encontrado muerto en su casa el ministro Rojas, en la zona norte de la ciudad Capital.
El 5 de diciembre, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo sorprendía a todos afirmando que “a Rojitas lo mataron”. En esa misma jornada, el fiscal Laureano Palacios ordenaba la segunda autopsia donde se corrobora que efectivamente la muerte del ministro fue un homicidio.
El 6 de diciembre, los fiscales Hugo Costilla y Alejandro Gober se suman a Palacios como colaboradores.
El 7 de diciembre arrestan a Silvina Nieva, quien era la empleada doméstica del ministro de Desarrollo Social.
El 10 de diciembre se concretó la indagatoria a la mujer. Fue imputada de “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y alevosía”.
El 12 de diciembre la familia del ministro emitía un comunicado donde cuestionaban la “impericia” en la investigación y pedían que no los dejen solos.
El 14 de diciembre se realiza la audiencia de control de detención, donde el juez de Control de Garantías N° 3, Lucas Vaccaroni, ordena la inmediata liberación de Nieva, puesto que no se había firmado su detención.
