Están acusados de entorpecer la investigación de la Justicia. Están imputados por varios delitos.
En un fallo de más de 550 páginas, la jueza federal de la ciudad de Goya, Cristina Pozzer Penzo, procesó con prisión preventiva a los 10 supuestos “asesores” que se presentaban como miembros de la Fundación Lucio Dupuy, acusados, entre varios delitos, de entorpecer la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña (5), visto por última vez en el paraje El Algarrobal de Corrientes el 13 de junio pasado.
Según la resolución de la jueza, se trata del psicólogo Federico Colombo, apresado en Tucumán; Nicolás Soria, alias ‘El Yanqui’ o ‘El Americano’; los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda; Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad, que se encontraba fuera de servicio al momento de su llegada a Goya.
De acuerdo con el fallo de la jueza, todos fueron imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento agravado. Además, a Soria se le atribuyen los delitos de atentado contra la autoridad, suministro de estupefacientes y usurpación de título, mientras que Colombo también está acusado de violación de secreto profesional, falso testimonio y usurpación de título. Este último delito también se les endilgó a Cañete, Núñez, López y Machuca Juni.
La Justicia sospecha que los imputados, desde un hotel de la localidad de 9 de Julio, “entrenaban” a, al menos, tres de los niños que estuvieron en el naranjal aquel 13 de junio pasado. También a Camila Núñez, testigo clave en la causa, y a la hija de Laudelina Peña, Macarena.
La sospecha se inició, de acuerdo con la investigación, cuando al parecer Soria trató de impedir que Prefectura entrara al hotel donde se alojaban. La fuerza de seguridad tenía la orden de trasladar a Macarena y Camila junto a los menores a sus domicilios particulares.
“El caso concreto y visible de la obstaculización de este grupo emerge del día en que Prefectura pretendió realizar un acto habitual como es el reconocimiento de quienes estaban en el interior del denominado ‘hotel’, aunado a que contaban con una orden judicial al estar menores adentro”, dice el texto firmado por la magistrada.
En ese sentido, la magistrada añadió que no fue posible realizar el procedimiento “por las acciones que ellos habrían desplegado para evitar que narren lo percibido por sus sentidos de forma llana, sin intromisiones de terceros o ‘coucheos’ (coaching) resulta una faena dificultosa para las autoridades predispuestas por la casi inmediata intervención que tuvieron desde estar junto a los padres, a la abuela Catalina, a los familiares direccionando o intentando direccionar sus declaraciones sean por medios o en la justicia resulta sobradamente probado”.
Por eso, dice Pozzer Penzo, “el impacto es que este ‘entrenamiento’ realizado fuera del marco legal que impide estas acciones, el efecto es directo a la recolección de prueba y el impacto generado es dificultar el descubrimiento de la verdad real de los hechos como sus autores”.n
