La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial ayer dio inicio a un nuevo juicio por jurados. En la ocasión, el acusado por varios delitos contra la integridad sexual optó por mantenerse en silencio. La audiencia se reanuda hoy con una nueva ronda de testigos.
Por la índole del delito, el debate se desarrolla a puertas cerradas, a fin de preservar a la víctima. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el acusado habría ultrajado a una adolescente durante dos años. Hoy la víctima es una joven mayor de edad. La madre de la víctima radicó la denuncia en 2022. El acusado debe responder por los delitos de “abuso sexual simple calificado por la guarda”, “abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda continuado en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravado” y “abuso sexual simple”. Según se precisó, el acusado es conocido del entorno familiar de la víctima.
El camarista Luis Guillamondegui es el juez director. El Ministerio Público Fiscal es representado por la fiscal del caso, Valeria Reyes, y el fiscal de Cámara Augusto Barros. En tanto que la defensa es ejercida por el abogado del foro local Juan Pablo Morales.
Ayer se llevó a cabo la audiencia de voir dire (selección de jurados). Seguidamente, las partes plantearon sus alegatos de apertura. Por la tarde, se escucharon los primeros testimonios. Luego, el juez director pasó a un cuarto intermedio. La audiencia se reanuda hoy con la comparecencia de nuevos testigos.
Puertas adentro
El abuso sexual en la infancia (ASI) es una de las formas de violencia más extrema que niños, niñas y adolescentes pueden sufrir. No obstante, el dato más importante que advierten los profesionales en esta temática es que en la gran mayoría de los casos se trata de abusos sexuales intrafamiliares: padre, abuelo, hermano, tío o primo son los principales sospechosos como así también docentes, vecinos o sacerdotes.
En octubre de 2018, tras una modificación en el artículo 72 del Código Penal Argentino (CPA) se convierten en carácter de orden público los delitos sexuales contra chicos y chicas.
De esta manera, la acción ante la Justicia podrá ser iniciada por cualquier persona y el Estado, a través de los fiscales, estará obligado a llevar adelante las investigaciones correspondientes. Es decir, se elimina el requisito de la denuncia de los representantes legales del niño, niña o adolescente como condición para proceder.n
