El Juez de control de garantías hÉctor rodolfo maidana

Imputada por amenazas fue sobreseída en un fallo con perspectiva de género

La defensora se había opuesto a la elevación a juicio. La mujer imputada era hostigada por sus vecinos.
martes, 14 de septiembre de 2021 · 01:10

El Juez de Control de Garantías Nº1, Héctor Rodolfo Maidana, dictó el sobreseimiento a una mujer imputada por dos hechos de "amenazas simples". La causa había sido enviada a juicio por el Ministerio Público Fiscal y la defensa se opuso. El juez, tras analizar el expediente y en un fallo con perspectiva de género, determinó hacer lugar a la defensa y resolvió el sobreseimiento total y definitivo para la mujer. 

Según la instrucción de la causa, los hechos de amenazas imputados a la mujer, quien no será identificada para resguardarla, habrían ocurrido en octubre del año pasado, en un barrio del norte de la ciudad. El denunciante la acusó de presentarse en su casa en dos oportunidades y amenazar a él y a la familia. 

La causa fue enviada a juicio y la abogada defensora Ana Beatriz Monllau se opuso al entender que el "delito que se le imputa a su defendida no fue acreditado, ni siquiera caracterizado en concurso real, ya que resultan poco claras las alegaciones articuladas por la Fiscal para llegar a sostener como tipificado el delito", señala en la resolución de Maidana, a la que El Ancasti tuvo acceso. 

 

Juez
Maidana (juez) al resolver en la causa, en el análisis señaló "que estamos ante un caso en donde se encuentra imputada una mujer, lo cual, necesariamente nos remite a considerarlo como una cuestión de género, a cuyo respecto debe realizarse, a la par de una subsunción normativa nacional también una subsunción convencional y analizar el contexto en el que ocurrió el acontecimiento. (...). En suma, la perspectiva de género es el prisma que necesariamente debemos utilizar para juzgar los hechos y aplicar el derecho dentro del contexto de desigualdad vigente en el orden social, y de esa manera eliminar paulatinamente los estereotipos genéricos impuestos históricamente como verdades absolutas", puntualizó. En ese orden, aclaró que "es útil remarcar que la perspectiva de género, no implica flexibilizar los estándares de prueba en desmedro del principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes, y la prueba generada sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres". 

Finalmente, Maidana resaltó que "llegó a la razonada conclusión de que la prueba de cargo referenciada por el representante del MPF en su acusación no fue analizada con perspectiva de género ni tampoco surgen de aquella -a criterio del suscripto-, elementos de convicción suficientes para estimar, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, que los hechos imputados hayan existido y que la traída a proceso haya participado en los mismos en la forma y circunstancias narradas en el resultando de este decisorio.

"El material probatorio aportado por la defensa, que revela que estamos ante un problema de mala vecindad de vieja data, cuyo contexto generó las conductas intimidatorias atribuidas a la imputada, problemática que por otra parte ha provocado un impacto disvalioso en la imputada, del cual da cuenta el informe socio ambiental siendo contundente en afirmar que la imputada presenta estado de angustia, irrumpiendo en llanto de forma constante por la situación vivenciada sintiéndose intimidada por el comportamiento de sus vecinos y personal judicial, y policial sin deseos de continuar viviendo".

 

Llamado de atención 

En la resolución Maidana volvió a llamar la atención al Ministerio Público Fiscal (MPF). "Entiendo que la representante del MPF ha valorado la posición exculpatoria de la traída a proceso fuera de los parámetros y resultado de una conclusión proba, que exige analizar el contexto, las circunstancias y el estado de ánimo del acusado. Es el contexto -en definitiva-, más allá de la intención del inculpado, el que le imprime a la temeridad englobada en las amenazas la idoneidad -o falta de idoneidad para que sean consideradas típicamente delictivas. Vale la pena recordar a esta altura que el MPF tiene el deber de investigar los delitos que lleguen a su conocimiento, pues dicha obligación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico y no como una simple formalidad y, si bien es una obligación de medios y no de resultado, la investigación debe ser seria, imparcial, efectiva; orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos; actuando con la debida diligencia, lo que exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas las actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue.

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