Las personas adultas mayores forman parte del colectivo de personas vulnerables. Dada esta situación, a finales de 2018 en Catamarca entró en vigencia la Ley Provincial 5568 de Regulación de la prevención y protección integral contra el abuso y maltrato de los adultos mayores. La normativa catamarqueña se encuentra en consonancia con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ésta cuenta con rango constitucional, a través de la Ley Nacional 27360, de mayo de 2017.
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Personas adultas mayores no cuentan con un sistema de protección propio
Sin embargo, en la práctica, las personas adultas mayores, víctimas de violencias invisibilizadas y naturalizadas, se encuentran desprotegidas. Lilia Barros, secretaria de Familia del Ministerio de Desarrollo Social y Deportes, consultada por El Ancasti, indicó que se encuentra en vigencia la legislación que protege a las personas adultas mayores. A la vez, admitió que aún no se organizó un Sistema de Protección para Adultos Mayores. “No hay una línea como la 102 de Ayuda al Niño. No hay políticas claras de protección. Es una deuda organizar y poner en marcha un sistema de protección y cómo manejar los casos, con sus particularidades”, sostuvo.
La funcionaria comentó que con las personas adultas mayores se debe tener la mirada puesta sobre un par, con capacidades, con autonomía de la voluntad para decidir, con áreas como la sexualidad, “que también la viven”, aseguró. Para la secretaria, se necesita un área específica en la materia, con agentes públicos.
“Este sector también necesita protección, acompañamiento y asistencia. A veces, se los incapacita, se los ve como objetos de tutela y no como sujetos de derechos plenos”, indicó.
Además, remarcó que las personas adultas mayores están mucho más invisibilizadas. Al respecto, explicó que el adulto mayor se convierte en rehén de su propia familia. “En 2020, durante la pandemia, los adultos mayores, por protección, sufrieron más el distanciamiento y aislamiento social. Hay muchos casos de violencia psicológica, verbal y patrimonial. Las violencias más invisibles. En algunos casos, les sacan el documento o tarjeta de cobro. No tienen manejo de su jubilación. En cuanto a patrimonio, despojan de la titularidad de su casa; los invaden. Esas violencias, diarias, sostenidas y crónicas están invisibilizadas.
Es necesario tener una línea de visibilización y concientización comunitaria”, consideró.
Sobre los casos en los que se interviene, explicó que desde la Secretaria de Familia actúan por presentaciones espontáneas. En ocasiones, al abordar una temática familiar o de niñez, se puede observar una situación con una persona adulta mayor. Entonces se interviene. En otros casos, se anotician por denuncias en unidades judiciales o por los medios.
“En los últimos años, se trabajó mucho con otros grupos socialmente vulnerables. Ahora hace falta una fuerte campaña de concientización y visibilización de derechos de personas adultas mayores y organizar un sistema de protección con operadores formados y especializados. No cualquiera está capacitado para abordar una situación de vulneración de adultos mayores. Falta un compromiso comunitario. Tal vez no se llegue a una violencia pero hay destrato o abandono afectivo”, aclaró.
A fin de revertir esta situación, Barros comentó que se está trabajando con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y de su Dirección de Adultos Mayores. Desde 2019 se forma a cuidadores y se trabaja con la temática de capacitar al personal, ampliar equipos técnicos y organizar equipos, informó. “También se trabaja en la concientización. Tenemos que seguir hacia un Sistema de Protección. Es necesario trabajar en nuevos modelos de familia en la que incluyan a personas adultas mayores, con nuevos modelos de cuidado, con una especial calidad de vida, de manejo y de apoyo. La familia se convierte en un sistema de apoyo”, expresó.
Ante una posible situación de violencia contra personas adultas mayores, la Dirección Provincial de Adultos Mayores se encuentra en Pasaje Vucetich 252. También se puede dirigir a la Secretaría de Familia, en el CAPE o en las unidades judiciales.
