Con el objetivo de lograr la reinserción social, el Poder Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que promueve que personas privadas de la libertad puedan participar de la vida en comunidad y, en consecuencia, alcanzar la seguridad ciudadana.
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Promueven la inserción laboral de personas privadas de la libertad
En detalle, la normativa propone promocionar y garantizar el acceso al empleo de personas que han recuperado la libertad con condena cumplida, que se encuentran en libertad condicional, que se encuentran incorporadas al período de prueba para que se le otorgue la semilibertad a salida laboral y personas privadas de libertad cumpliendo condena o en prisión preventiva.
A tal fin, las personas que contraten como empleado a alguna de las personas de este grupo social podrán acceder al reintegro de las cargas sociales de cada trabajador en esas condiciones durante un período de un año. El reintegro se efectivizará a través del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo y podrá ser prorrogado por seis meses por única vez si las circunstancias lo recomendaran. Además, quedarán exentas del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente exclusivamente a la proporción de base imponible generada por la actividad desarrollada.
También se podrán otorgar becas totales o parciales de trabajo para la prestación de funciones en contratos laborales con instituciones públicas o privadas. El plan de contratación de pasantía laboral será de un año y podrá ser renovado por un año más como máximo. El salario no podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil. El contrato establecerá el porcentaje del salario que será abonado por la institución contratante y el porcentaje que será abonado por la autoridad de aplicación.
En este sentido, el Patronato de Liberados será el órgano de aplicación. Esta institución deberá trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social y Deportes y el Ministerio de Industria Comercio y Empleo. De esta manera se creará y mantendrá actualizada la Bolsa Laboral con datos de personas postulantes y sus aptitudes laborales, como así también un registro de puestos de trabajo disponibles en el ámbito público y privado. Además, deberá asistir a las personas para su contratación.
Política pública
Los antecedentes penales ya no serán un obstáculo pero quedan exceptuados para desempeñar cargos como funcionarios públicos, quienes brinden servicio de transporte escolar, las personas que presten servicios en el ámbito de la Salud y quienes se integren al Sistema Integral de Seguridad.
Con miras de alcanzar los objetivos fijados, en la normativa se estipula que cada seis meses se elabore un informe detallado que describa los índices de reincidencia. A la vez, se pretende fomentar el emprendedurismo y el cooperativismo dentro de las instituciones penitenciarias como mecanismos de inclusión laboral, social y financiera.
A la vez, el Poder Ejecutivo deberá articular con organismos públicos, entidades educativas, equipos de investigación y/o organizaciones de la Sociedad Civil la evaluación de los resultados e impactos de la política pública a implementar.
“Es indispensable la participación fuerte y focalizada del Estado y del sector privado frente los números crecientes de personas privadas de libertad y de personas liberadas por año en nuestra región. Es importante disminuir la vulnerabilidad laboral en la que se encuentran las personas al momento de su libertad, mediante el acompañamiento estatal desde el mismo momento de acceder a la etapa de la semilibertad. La posibilidad concreta de integración social de las personas que cometieron delitos es solo una ilusión si no se remueven ciertos obstáculos, entre los que se encuentran la falta de herramientas y capacitación para insertarse en el mundo laboral. Es por eso que se procura garantizar la inserción laboral de las personas liberadas, a partir de su incorporación al mercado laboral formal”, se fundamentó.
