martes 17 de noviembre de 2026
Penas de 11 y 14 años de prisión

Lilljedahl en el primer juicio por secuestro extorsivo en Tucumán

Por Redacción El Ancasti

El magistrado catamarqueño Enrique Lilljedahl intervino en el tribunal que condenó a dos personas en el primer juicio por un secuestro extorsivo que se desarrolló en la provincia de Tucumán.
Lilljedahl integró el Tribunal en lo Criminal Federal de Tucumán junto a los jueces Federico Bothamley y Abelardo Basbus.
Fue la primera condena por este tipo de delito en la provincia, los jueces hicieron lugar al pedido de penas realizado por el fiscal Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, según publicó el diario La Gaceta.

 En el juicio fueron sentenciados Ariel Arturo Fernández Fara a 14 años de prisión por haber llevado a cabo dos secuestros extorsivos en un lapso de tres meses. Mientras que Vicente Enrique Seguer y Rafael Alberto Marteau participaron solo del segundo hecho y recibieron la pena de 11 años de prisión. Por último, Manuel de Jesús Barraza ha sido sentenciado a 10 años. 
En el primer hecho, Fernández Fara, secundado por otras dos personas, retuvo de manera ilegítima a la víctima Luis Rodríguez Campos, de profesión martillero público, en un galpón de su propiedad el 6 de septiembre de 2017, en la localidad de Bella Vista. Para los representantes del MPF, el acusado amenazó a su víctima y la forzó a efectuar un pago de $ 100.000 para recuperar su libertad. 

Según declaró en el juicio, Rodríguez Campos se dirigió a Bella Vista para encontrarse con Fernández Fara, que arribó al lugar en un auto acompañado por dos hombres. Luego de que lo hicieran estacionar su camioneta dentro de la propiedad, todos ingresaron a un galpón cerrado. Una vez adentro, Fernández Fara intentó golpearlo y forcejeó con la víctima, mientras las otras dos personas le pedían que se quedara quieto y empuñaban un arma de fuego y un arma blanca.

Tras reprocharle la veracidad de unos documentos y de amenazar con sendas armas, lo obligaron a firmar una serie de papeles en blanco, utilizaron su sello, su domicilio y su número de documento en remitos y pagarés. Rodríguez Campos entregó $ 5.000 para ser liberado, pero sus captores pretendían que también firmase el formulario de transferencia 08 de su camioneta y, al ver que no era posible, lo obligaron a conseguir $ 100.000, que la víctima pidió a su hermano menor a través de un mensaje de audio.

En el segundo hecho, Fernández Fara, Seguer y Marteau utilizaron un taxi conducido por Barraza para secuestrar a Néstor Ramallo, un empleado del Ingenio San Juan, a quien retuvieron en el automóvil mientras lo golpeaban y amenazaban. Desde el vehículo, le exigieron que llamase por teléfono a su jefe y amigo personal, José Terán, para que abonase dos millones de pesos a cambio de su liberación. 

En su alegato, los fiscales Camuña y García Salemi demostraron que los acusados se conocían entre sí, se frecuentaban y actuaban conjuntamente en este tipo de actividades. A eso, sumaron que los cuatro hombres actuaban utilizando sus nombres propios, sus teléfonos, teniendo conocimiento de las víctimas tiempo antes del secuestro a partir de circunstancias de la vida pública y dándose a conocer a terceros.

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