Durante 2020 en las 12 Unidades Judiciales que funcionan en Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, de las 22.006 denuncias registradas, 3.876 corresponden al delito de “amenazas simples”. Es decir que con el 18 % fue el delito más denunciado durante el año pasado.
De acuerdo con las estadísticas judiciales, a los que El Ancasti pudo tener acceso, en el primer semestre se asentaron 1.988 denuncias y en la segunda mitad del año, 1.888. Con 675 denuncias registradas, la Unidad Judicial 10, en Valle Centro, acumula el grueso de aquéllas. Le siguen la Unidad Judicial 7, en la zona norte capitalina, con 427 denuncias, y el Precinto 9, hacia el sector sur, con 397.
Según el Código Penal Argentino, la amenaza es un delito que atenta contra la libertad de las personas. En el artículo 149 bis se indica que será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. “En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas”, se advierte.
Fuentes consultadas por El Ancasti advirtieron que las denuncias por amenazas representan un caudal importante pero no todo dicho amenazante constituye un delito. A la vez, indicaron que en la mayoría de las amenazas existe un trasfondo de alguna índole que determina una vinculación permanente o circunstancial de las partes. En la mayoría de los casos, las partes se conocen de antemano y hubo algo que fue exacerbando el estado anímico que llevó a eso o una mala relación vecinal o el maltrato de un comerciante a un cliente o viceversa, explicaron.
Ante esta situación, se consideró que algunas circunstancias podrían canalizarse por otras vías, que no tiene que ser la penal. Al respecto, se comentó que la mediación sería una alternativa absolutamente apta e idónea para tramitar y resolver el conflicto de fondo que no se lo va a resolver por la vía penal. La mediación es un espacio para el diálogo; sería mucho más efectivo que una denuncia, dado que la vía penal siempre debe ser considerada la última ratio –el último recurso-. Si la amenaza surgió entre vecinos por algunas diferencias, éstas podrían solucionarse con una mediación porque el delito de amenaza podría tener una sanción pero no resolvería el conflicto de fondo.
Las amenazas se producen en un contexto y a veces este delito acompaña el desencadenante de otro, como el de lesiones. En el marco de una pelea callejera ocasional, se ejemplificó, no tiene mayor relevancia.
Sin embargo, se dejó en claro que las amenazas que tienen más trascendencia y más rigor se dan en el caso de la violencia de género. Es decir, cuando surge la reiteración de amenazas sucesivas, periódicas o reiterativas sobre una misma víctima. En estos casos, el tratamiento es diferencial. “En ese marco, tiene un abordaje mucho más serio, por el contexto en el que se está dando y la reiteración sucesiva de hechos contra la misma víctima. Más de una vez, es un tipo de violencia de género sobre las mujeres, con esa modalidad. Necesariamente, hay que darle mucha más trascendencia y rigor; generalmente se extreman los recaudos, en ese tipo de cuestiones puntuales”, se advirtió.
En este sentido, detalló que en otros casos, donde ya hubo amenazas previas, se presta más atención. En otras situaciones, se debe actuar anticipadamente, para prevenir.
Conflicto
Pequeñas diferencias por música a volumen muy alto, medianeras con manchas de humedad o las hojas de un árbol que caen en otro patio pueden generar situaciones incómodas entre vecinos. En ocasiones, estas diferencias suelen generar discusiones y tales pueden llegar a situaciones más graves.
Especialistas en la materia admitieron que las controversias entre vecinos suelen ser una constante. Sobre la convivencia comunitaria y los roces que pueden llegar a surgir, muchas veces, a raíz de las peleas entre vecinos, el conflicto deriva en otros problemas en los que sí se puede intervenir.
El Centro de Mediación Vecinal es una opción y cuenta con 14 mediadores. En ocasiones, reciben casos que son derivados desde la Fiscalía Penal. Se indicó que los casos que se derivan no llegan a ser delitos pero sí son contravenciones. El objetivo es evitar que la situación pase a mayores. Para ello, se interviene en casos donde no hubo violencia extrema para poner un freno.