Las mujeres son consideradas parte del grupo socialmente vulnerable como así también niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, migrantes o del colectivo de diversidad sexual. Así como las mujeres víctimas de violencia como de delitos contra la integridad sexual requieren de asistencia del tercer sector, las mujeres acusadas de distintos delitos no siempre corren con la misma suerte.
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En el banquillo también necesitan acompañamiento
Recientemente, Ana María, una mujer condenada a 12 años por el homicidio de su pareja, ocurrido en un contexto de violencia, recuperó –aunque provisoriamente- la libertad, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al margen del trámite judicial para Ana María, una mujer migrante, oriunda de Paraguay y sin recursos, no hubo marchas de apoyo. Nadie puso el cuerpo por ella para salir a la calle y le dio voz.
Sin embargo, hubo instituciones de Derechos Humanos provinciales y nacionales que la acompañaron en el proceso judicial. Tales fueron la Liga Argentina por los Derechos Humanos, CLADEM, la Dirección Provincial de la Mujer, Asociación de Mujeres en Ayuda Mutua (AMAM), la Asociación Civil La Obra y la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina AMPA.
Entre las acusadas, actualmente una mujer imputada por “abandono de persona” por el abandono de su bebé, a los pocos días de haber nacido, se encuentra en una situación crítica. Las pericias realizadas como el informe socio ambiental dieron cuenta de que se trata de una persona en una condición precaria y de extrema vulnerabilidad. En un primer momento, tuvo un abogado particular, pero recientemente fue condenado en el Tribunal Oral Federal. Ahora, podría ser asistencia por la defensa oficial. Mientras tanto, transita sola por esta causa judicial.