La tensión por la polémica en torno al concurso para designar dos jueces en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhorto no afloja. Dados los últimos acontecimientos, el bloque de Diputados de la UCR, a través de un comunicado, cuestionaron a la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
- El Ancasti >
- Policiales >
“Tremendo daño le están haciendo a la sociedad y a la Justicia”
En octubre del año pasado, en su debut, la Comisión Evaluadora realizó el primer llamado para cubrir dos cargos de juez es esta Cámara. En este concurso de antecedentes y oposición se presentaron 15 candidatos. Tras varios meses, exámenes y entrevistas, se estableció el orden de mérito. En primer lugar quedó la defensora Penal Oficial Mariana Vera, seguida por el fiscal Ezequiel Walther y el fiscal Jonathan Felsztyna. A la vez, con disidencia, la Comisión Evaluadora declaró desierto uno de los dos cargos vacantes. La lista de los postulantes que aprobaron fue remitida al Poder Ejecutivo, a efectos de que elija uno de ellos para ocupar un cargo en el Tribunal de Alzada. El otro cargo será elegido por el gobernador.
“Eliminaron el Consejo de la Magistratura con los mismos argumentos que bien cabe ahora para objetar la creación de esta Comisión Evaluadora. Si apelamos a esos mismos razonamientos, tendríamos que decir que el organismo que reemplazó al Consejo de la Magistratura debería ser creado por ley. El concurso para la Cámara de Apelaciones es otro episodio –peligroso por las circunstancias y sus consecuencias- que desnuda la desprolijidad y la sospecha de maniobras orquestadas con el fin de manipular y digitar las designaciones en el Poder Judicial”, indicó.
En este sentido, expresó que cuando un órgano despierta sospechas, críticas y cuestionamientos, más aún si tiene un rol gravitante, como es la Justicia, “es necesario que sus mecenas -en un baño de republicanismo-, cambien su integración o su actual composición, con autocrítica y sinceridad, comience a dar muestra clara de imparcialidad, objetividad, autonomía y claridad en sus acciones”.
Ante los últimos acontecimientos, los legisladores de este bloque de la UCR de la Cámara baja consideran que se confirman “los planteos de quienes sostuvimos que el procedimiento de selección confeccionado por la mentada Comisión no garantiza la participación y el control ciudadano, entre otras observaciones”.
A la vez, advirtieron que “se les está haciendo costumbre” declarar desiertos los cargos de magistrados y, en consecuencia, se cometen “estas irregularidades con tanta torpeza. Tremendo daño le están haciendo a la sociedad y a la Justicia misma, a la que le están quitando el respeto, seriedad, el prestigio, la confianza y moralidad, la honestidad y transparencia”.
Según este bloque de diputados, “a poco de andar ya dejó de ser lo que apenas llegó a parecer, hasta convertirse en una comisión devaluada por las sospechas y dudas”.
Riesgo institucional
Esta situación generó malestar entre magistrados y funcionarios judiciales, habida cuenta que Marcia Lozada, presidente de la Asociación que los representa -que forma parte de la Comisión Evaluadora- no votó en disidencia la resolución del orden de mérito que declaró desierto el concurso para uno de los dos cargos. En los últimos días, varios afiliados presentaron su renuncia y otros más anunciaron que presentarán sus cartas de renuncias. Según contaron, en parte se debe a la postura tomada por la referente ante el concurso y, a la vez, disconformes con la gestión. Puntualmente, sobre el concurso, consideraron que, como presidente de la Asociación debió velar por los intereses de sus integrantes y respetar el orden de mérito.
En el voto en disidencia se fundamentó hubo un único llamado a concurso para dos cargos y en esta lista figuran los nombres de los postulantes que demostraron idoneidad para cubrir tales cargos vacantes. En este caso, hay tres postulantes aptos que compitieron por dos cargos iguales. Por ello, no hay justificaciones para excluirlos de una de las opciones y, a la vez, privarlos de la mitad de oportunidades. Es decir, los candidatos tienen derecho a ser considerados para ser elegidos en ambos cargos. Entre otras cuestiones, también se remarcó que la Comisión Evaluadora fue creada con la intención de regular el procedimiento de selección de los candidatos a desempeñarse como magistrados o funcionarios. Tal idea se funda en la figura del orden de mérito.
Cada vez hay más tensión, más aún, de cara a las elecciones de nuevas autoridades. Con el fin llevar un mensaje de unidad, se conformó una única lista “de consenso”, encabezada por la actual presidente y el juez de Cámara Penal, Jorge Palacios, como vice. La lista ya fue oficializada y no se puede impugnar.
Tales elecciones vienen con demora. En marzo del año pasado, la Asociación debió haber llamado a elecciones, pero se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus COVID-19. Con el permiso de la Dirección de Personas Jurídicas, se prorrogó el mandato. Sin embargo, de no concretarse las elecciones, la Asociación podría ser sancionada y, en última instancia, disuelta.
De ser así, este organismo ya no formaría parte de la Comisión Evaluadora. Esta situación, sumada a los últimos acontecimientos, pone a la Asociación de Magistrados y Funcionarios en riesgo institucional.
