Santiago del Estero

Condenan a ex funcionario carcelario

El tribunal estuvo presidido por el juez catamarqueño Juan Carlos Reynaga.
viernes, 21 de mayo de 2021 · 11:20

Presidido por el juez catamarqueño Juan Carlos Reynaga, el tribunal Oral Federal condenó ayer a 3 años y 3 meses de prisión a un ex funcionario carcelario de la Unidad Nº 35 de Colonia Pinto, Santiago del Estero, al hallarlo responsable de los delitos de ‘imposición de vejámenes y apremios ilegales a internos del servicio penitenciario federal’.

Así lo determinó el alto cuerpo, que además estuvo integrado por el también catamarqueño Enrique Lilljedhal y el riojano Mario Eduardo Martínez, al dictar sentencia (unánime) contra Claudio Gabriel Segura.

El tribunal lo condenó a 3 años y 3 meses de prisión e inhabilitación del cargo por 6 años y 6 meses, por hechos ocurridos en junio y julio de 2013.

Además, el Tribunal solicitó una serie de reparaciones, tal como requirió la fiscal Indiana Garzón, entre ellas medidas de no repetición, a las que el tribunal difirió para la etapa de ejecución de sentencia.

Los hechos fueron cometidos en junio del 2013, cuando el ex jefe de Seguridad Interna de la Unidad 35, Segura, obligó a un interno a registrar en video, con un celular, a un integrante del personal penitenciario de apellido Monzón, por un presunto ingreso ilegal de estupefacientes. Asimismo, también se acusó al ex funcionario de haber organizado y filmado peleas entre los internos, sometiendo a seis presos a vejámenes, severidades y apremios el 29 de julio de 2013 en el campo de deportes de la dependencia.

El Ministerio Público Fiscal señaló que las luchas a golpes de puño fueron realizadas ante la mirada de agentes penitenciarios.

El agente penitenciario fue juzgado y absuelto en septiembre de 2018 por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, integrado por Abelardo Jorge Basbús, Federico Bothamley y Gabriel Eduardo Casas, por la aplicación del beneficio a la duda.

Tras esta sentencia, la fiscala Indiana Garzón presentó un recurso de casación, al considerar que se trató de hechos de violencia institucional, puesto que las víctimas eran personas que al momento de los hechos se encontraban privadas de la libertad.

En sintonía con lo solicitado por la representante del MPF, el 9 de marzo de 2020 la Cámara Federal de Casación Penal resolvió anular y ordenar que se dicte una nueva resolución. La Sala I advirtió la relevancia del cargo del imputado -’responsable máximo presente al tiempo de ocurrencia de los sucesos’-, ‘ya que con su presencia, garantizaba además cualquier conducta que desplegaran sus inferiores jerárquicos’.