sábado 14 de noviembre de 2026
EL HECHO OCURRIÓ EN NOVIEMBRE DE 2016

Intentó llevarse elementos de una iglesia y fue sobreseído

Por primera vez, se hizo uso del “principio de oportunidad”. El planteo lo realizó el fiscal y la defensa adhirió.

Por Redacción El Ancasti

En noviembre de 2016, un adolescente de, por entonces, 17 años, había ingresado a la parroquia de un populoso barrio de la zona sur de la Capital. Había ejercido violencia sobre una de las ventanas para poder ingresar y una vez dentro intentó apoderarse ilegítimamente de varios elementos de valor, pero no tuvo éxito. Por entonces no estaba en vigencia la Ley Provincial 5544 de Responsabilidad Penal Juvenil y la investigación fue efectuada por la Fiscalía Penal de Quinta Nominación, a cargo del fiscal Hugo Leandro Costilla. 

El chico hoy es un joven de 21 años. Ayer ocupó el banquillo de los acusados para responder por el delito de “robo simple en grado de tentativa. El fiscal del Fuero Especializado Guillermo Narváez había considerado por el hecho, ocurrido hace cinco años, su insignificancia y consecuencias, eximir de su participación al joven. De esta manera, hizo uso del criterio de “principio de oportunidad” y solicitó que el joven sea sobreseído.

A su turno, el defensor Penal Juvenil Sergio Véliz adhirió al planteo del representante del Ministerio Público Fiscal. Tras el planteo de las partes, el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito, “in voce” dio a conocer el veredicto. Dado el planteo de “principio de oportunidad”, dispuso el sobreseimiento del joven y, en consecuencia, la extinción de la acción penal. 

Antecedente
Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que por primera vez, en todo el fuero Penal de la provincia se plantea y se utiliza el instituto del principio de oportunidad. Al respecto, se explicó que la única normativa que la regula es la Ley Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil. 

Según se detalló, en el artículo 64 se establece que en cualquier etapa del proceso, el fiscal, fundadamente, podrá aplicar criterios de oportunidad, renunciando total o parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla a uno a varios delitos o a alguna de las personas que hayan participado del hecho, cuando. Este instituto se puede aplicar “por su insignificancia, circunstancias y consecuencias, lo exiguo de la participación de joven menor de edad punible o su mínima culpabilidad, no afecte el interés público”. Otra posibilidad es cuando “se trate de un delito que tenga prevista una pena máxima no superior a los seis años de prisión y haya prestado consentimiento el ofendido”. A tales fines, el fiscal fundará su petición en las circunstancias del hecho, las causas que lo motivaron y la reparación del daño si lo hubiere.

También puede aplicarse cuando el adolescente, como consecuencia del hecho, haya sufrido un daño físico, psíquico o moral grave cuando la sanción correspondiente al delito de que se trate, carezca de importancia en consideración a una sanción ya impuesta por otro delito cometido por el joven menor de edad punible.

En caso de que se trate del primer delito, cuando este se haya cometido bajo presión de los compañeros del joven o adolescente es otra posibilidad. El Ministerio Público Fiscal convocará a una audiencia personal con el chico y su defensa técnica antes de decidir el ejercicio de la acción penal. La decisión del Fiscal será notificada a la querella, quien tendrá el derecho a oponerse, se explicó.

En vigencia
La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil entró en vigencia en enero de 2019. La normativa, una de las más avanzadas a nivel nacional, establece entre otras cuestiones medidas alternativas a la privación de la libertad, como la suspensión de juicio a prueba, trabajo comunitario o el arresto domiciliario. Este Régimen también da a las víctimas la posibilidad de participar en el proceso penal como querellantes.n 
 

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