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A 10 AÑOS DE LA TRAGEDIA DE LA ALCAIDÍA

La Justicia Civil se expidió antes que la Penal por un resarcimiento

Ordenó el pago de $1.783.116 en concepto de daño moral y por daño patrimonial a la madre de una de las víctimas.

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21 de noviembre de 2021 - 01:06 Por Redacción El Ancasti

A una década, dos meses y 12 días, el debate penal, oral y público por las muertes de Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16) aún no se realiza. La fatídica siesta del 9 de septiembre de 2011, los cuatro adolescentes compartían una celda de la Alcaidía de Menores. Estaban allí alojados por disposición de la Justicia de Menores. Los adolescentes colocaron un colchón en la puerta y lo incendiaron. En cuestión de minutos se desató la tragedia y los chicos murieron quemados con el correr de las horas. 

Por este hecho, cinco policías fueron acusados de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”. En abril de 2015, el juez de Control de Garantías Héctor Maidana confirmó la citación a juicio y la causa ingresó en el Juzgado Correccional de Primera Nominación.

Mientras el expediente espera el juicio en el ámbito penal, la madre de una de las víctimas fatales realizó una demanda civil. La mujer consideró que el Estado provincial tenía responsabilidad. En febrero de este año, la jueza Silvina Millán del Juzgado Civil de Primera Instancia de Cuarta Nominación falló a favor de la madre de uno de los adolescentes fallecidos en la Tragedia de la Alcaidía. De esta manera, condenó al Estado provincial a abonar la suma de $783.116,16 en concepto de daño patrimonial (lucro cesante y pérdida de chance), más la suma de $1.000.000.

La magistrada consideró que por más que el hecho generador de la causa civil y penal haya sido el incendio en la Comisaría de la Mujer y el Menor y la muerte de los adolescentes allí alojados, no hay una absoluta identidad entre el objeto de la causa penal y lo reclamado en sede civil. “Mientras en esta instancia y fuero se pretende el reconocimiento de un resarcimiento a la familia del chico fallecido, fundado en la responsabilidad objetiva del Estado provincial, como consecuencia del incumplimiento del deber del Estado de protección de los adolescentes a su cargo, en el fuero penal se investiga la autoría de varias personas (policías y funcionarios) en el hecho, que fue caratulado como ‘homicidio culposo agravado por el número de víctimas’”.

En este contexto, la jueza señaló que “no hay elementos que nos permitan suponer que en un futuro próximo nos encontraremos con un juicio penal”. 

A través del debate se podrá dilucidar el hecho y determinar quiénes participaron y qué grado de responsabilidad corresponde atribuirles. “Mucho menos, que podamos contar en poco tiempo con una sentencia firme que sirva como antecedente para resolver la presente acción de daños y perjuicios”, aclaró.

La madre del joven fallecido estimó como irregular la conducta del Estado, por no haber ejercido correctamente sus funciones de control y vigilancia de los chicos que se encontraban en la Alcaidía bajo su guarda y cuidado, al no haber provisto de las medidas de seguridad necesarias en dicha dependencia, tales como personal idóneo, habilidad de las instalaciones, condiciones ignífugas de éstas, ni hacer uso del ejercicio de sus facultades, como requisar las celda, a fin de verificar que no introduzcan elementos que puedan dañar a otros o a sí mismos. “Surge claro que el fallecimiento del adolescente se produjo cuando éste se encontraba privado de su libertad (demorado) y, por ende, bajo custodia y cuidado de la Policía de la Provincia y a cargo del Juzgado de Menores de turno”, remarcó.

Responsabilidad estatal

La magistrada aclaró que cuando una persona es privada de su libertad, el Estado asume la obligación de su custodia, por lo que debe velar por su vida, salud y la integridad física. Entonces, el hecho de que uno de los adolescentes tuviese un encendedor en su poder fue lo que posibilitó el incendio, advirtió. Si los encargados de su cuidado hubiesen realizado la requisa de manera exhaustiva, los chicos no hubiesen podido utilizar ese elemento para iniciar el fuego, puntualizó. El desenlace fatídico no hubiese sucedido, concluyó.

“Por lo tanto, está claro, a mi entender, que los oficiales policiales al cuidado de este adolescente no solo no cumplieron el memorándum, sino que tampoco actuaron con la diligencia necesaria una vez comenzado el incendio, atento la demora en sofocar el fuego. Cabe precisar, además, las malas condiciones edilicias de la Alcaidía y la falta de elementos necesarios para resolver de la mejor manera un hecho como el aquí descripto, pues el sistema de agua antiincendios no funcionaba, la manguera con la que se intentó sofocarlo tenía poca presión de agua y no había suficientes extinguidores ni en condiciones para su uso. 

Consecuentemente, de los antecedentes reseñados y los elementos probatorios surgen evidencias suficientes para comprometer la responsabilidad del Estado”, sostuvo.

En 2015 se confirmó la elevación a juicio

El expediente por la causa penal de la Tragedia de la Alcaidía se encuentra en el Juzgado Correccional de Primera Nominación. Si bien hubo citaciones a audiencias y pedidos de suspensión de juicio a prueba, a la fecha el debate no se realizó. 

Por este fatídico hecho que truncó la vida de cuatro adolescentes, los policías Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Adriana del Valle Galván y Carlos Daniel Leiva fueron imputados por “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”. 

En octubre de 2014, los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago -quienes estuvieron a cargo de la investigación- elevaron la causa a juicio. En abril de 2015, el juez de Control de Garantías de Primera Nominación Héctor Maidana confirmó la citación a juicio. 

En octubre de 2018 se había anunciado desde este Tribunal que estaban dadas todas las condiciones para iniciar el debate. Sin embargo, a la fecha, no se pudo concretar. En agosto del año pasado hubo una nueva dilación. Los acusados habían solicitado la suspensión del juicio a prueba –más conocida como probation- pero se suspendió.

Otros acusados

Además de los cinco policías imputados, las entonces juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, junto con el subsecretario de Seguridad Javier Silva fueron acusados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. 

En septiembre de 2016, el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Ramón Porfirio Acuña, ordenó el sobreseimiento total y definitivo de las exjuezas de Menores Ilda Ligia del Valle Figueroa y Ana María Nieto. 

En tanto que Javier Silva, exministro de Gobierno y Justicia, fue sobreseído por prescripción tras presentaciones de sus abogados.

EXPEDIENTE

Acusados

  • Los policías Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Adriana del Valle Galván y Carlos Daniel Leiva fueron imputados por “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”.
  • Las exjuezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, junto con el subsecretario de Seguridad Javier Silva fueron acusados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” pero fueron sobreseídos.
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