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ayer declaró uno de los médicos

“Ortega fue víctima de una mala praxis médica”

El fiscal mantuvo la acusación para dos médicos y pidió penas en suspenso e inhabilitación para ejercer la profesión.

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17 de noviembre de 2021 - 01:03 Por Redacción El Ancasti

“Ante todo, quiero demostrar mi inocencia y la de mis colegas”, declaró Alberto Ramos (37), uno de los tres médicos imputados por “homicidio culposo”. Junto con él, en el banquillo de los acusados se encuentran Ricardo Monferrán (63) y Luis López (39). Además, Ramos y Monferrán fueron coimputados por “falsedad ideológica de documento público”.

El hecho por el que deben responder sucedió en junio de 2012. Gustavo Ortega, un joven de 20 años, llegó derivado desde el Hospital de Villa Dolores, Valle Viejo, hasta el Hospital San Juan Bautista. Había llegado con el “abdomen agudo”. En el centro de salud de referencia le habrían suministrado una medicación contraindicada para su cuadro. A las horas, tras una intervención quirúrgica, el joven Ortega falleció.

El debate se realiza en la Cámara Penal de Segunda Nominación. El Tribunal está integrado por Luis Guillamondegui, Silvio Martoccia y Mauricio Navarro Foressi. El Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal Ezequiel Walther, quien está acompañado por el abogado de la querella, Daniel Ortega. En tanto que la defensa es ejercida por los abogados Fernando Contreras (en representación de Monferrán), Luis Marcos Gandini asiste a López y Gustavo Martínez Azar asesora a Ramos. Por su parte, en representación del Estado provincial se encontraban los abogados del foro local Juan Manuel Zavaleta y Mauricio Fuenzalida.

La audiencia de ayer fue maratónica. Ramos fue el único de los acusados que pidió declarar tras finalizar la ronda de testigos. El imputado contó que por entonces era médico residente de primer año de Cirugía. Aseguró que no estaba habilitado para administrar medicamentos. Según Ramos, revisó al joven. “Estaba con abdomen agudo difuso. Donde le tocaba, le dolía. Era un paciente dudoso. Yo no tomaba las decisiones de qué paciente operar. Hice la ficha de ingreso, a la hora que lo vi”, detalló
Luego, el defensor Martínez Azar realizó un planteo pero el fiscal se opuso al considerar que era improcedente. Finalmente, el Tribunal no hizo lugar a lo peticionado. Aclaró que en esta instancia del proceso resultaba extemporáneo, dado que la defensa había tenido otras oportunidades. Luego, inició la instancia de alegatos.

“Ortega fue víctima de una mala praxis médica”, consideró el representante del Ministerio Público Fiscal. A su criterio, desde el comienzo hubo un error en el diagnóstico que desencadenó la muerte del joven. Al respecto, remarcó que la falta de diligencia produjo una sepsis generalizada. A la vez, indicó que el joven no estuvo internado sino que siempre estuvo en una sala de espera o silla.

“No hubo premura”, destacó. Para Walther, hubo “desatención” por parte de Monferrán y de Ramos y la historia clínica confeccionada fue “paupérrima”, con parámetros mínimos. A la vez, aclaró Walther, la historia clínica determina cómo se encamina un procedimiento. “Ramos y Monferrán no tuvieron en cuenta el diagnóstico de la médica del Hospital de Villa Dolores”, sostuvo.
Además, hizo hincapié en el “destrato” de Monferrán para con el joven paciente. “Lo trató de ‘mariconcito’”, recalcó y señaló que hubo una degradación “desde el ingreso hasta que de modo urgente se realizó la laparoscopia”.

“Estuvo en una oficina, no internado debidamente. Otra hubiera sido la suerte si de manera temprana se decidía intervenir quirúrgicamente. Hay responsabilidad de Monferrán y de Ramos. Hubo un error de diagnóstico y faltó un tratamiento adecuado que era quirúrgico. La demora agravó y generó la sepsis y el fallecimiento. Revisaron a la víctima pero no actuaron. El deceso, tal vez, pudo haberse evitado. Existió negligencia por parte de ambos encartados. Intentaron evadir la responsabilidad”, concluyó.  

Finalmente, el fiscal de Cámara mantuvo la acusación para Monferrán y para Ramos. Para Monferrán pidió la pena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación; para Ramos, solicitó la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso y de cinco años de inhabilitación. Para López, la absolución por el beneficio de la duda. 

Acción civil y querella
A su turno, el abogado Ortega consideró que ante este infortunio hubo un daño moral y por pérdida de ayuda. “Comenzó un periplo que lo llevó a su muerte por la impericia de quienes incumplieron el juramento hipocrático. En coincidencia con el fiscal, remarcó que la expresión de Monferrán “si no colaborás, dejá de mariconear” “engloba el trato deshumano”. “El fallecimiento fue por impericia y negligencia de los galenos”, indicó.

Como representante de la acción civil consideró que el “daño moral es el más grave de todos los que puedan surgir. La pérdida de un hijo es antinatural. Tenía 20 años, era sano, trabajador, convivía con su madre y estaba a cargo de ella. Trabajaba y colaboraba a la madre. En cuestión de horas arrebataron la vida de un joven. La ayudaba como cualquier hijo y, en este caso, aún más”.
En materia de indemnización, peticionó que los acusados, o subsidiariamente el Estado provincial, abonen $2.500.000 en concepto de daño moral. Por pérdida de ayuda entre $3.910.000 (monto a actualizar) y $4.847.000 (con intereses hasta el pago).

Como querellante señaló que “es grave la negligencia y la imprudencia que terminó en la muerte” del joven. Para el abogado, hubo “desidia en tomar una medida y desatención”. Ante esta situación, el joven se retiró del hospital. “Nadie se fuga de donde no está retenido”, advirtió. Para el querellante, “hubo una clara violación de la obligación de los médicos”.

Si bien en gran medida adhirió al planteo de la Fiscalía, consideró que López también tiene responsabilidad. Estuvo de acuerdo con el criterio del fiscal Walther en relación con las imputaciones y penas. Para López pidió la misma pena que para Ramos: dos años y seis meses de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación.

Cuarto intermedio
Finalizados los alegatos, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio. La audiencia se reanuda mañana con la última palabra y la lectura del veredicto.

Defensores y representantes del Estado

En tanto que los defensores Contreras y Martínez Azar se opusieron a los planteos del Ministerio Público Fiscal, la acción civil y la querella. Contreras pidió la absolución por el beneficio de la duda y Martínez Azar solamente la absolución. A su turno, Gandini adhirió a las conclusiones del fiscal Walther pero pidió la absolución lisa y llana. Consideró que se acreditó que su asistido no tuvo participación. 
Por su parte, los abogados que representan al Estado provincial consideraron que “el nexo de causalidad no existe”. También, se indicó que se debe tener en cuenta la “autonomía de la voluntad”, es decir, “el derecho del paciente, lo cual exime de responsabilidad civil a los médicos”.
Los letrados concluyeron que “se hubiera tenido un mejor resultado si no se hubiera roto el nexo de causalidad. Hay una ponderación de derechos. Se debe valorar la autonomía de la voluntad. La víctima optó voluntariamente retirarse del nosocomio”.

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