miércoles 18 de noviembre de 2026
El mapa de los expedientes

La "video denuncia" y la causa por narcotráfico, el derrotero

Una es investigada por la Justicia Provincial. La otra por la Justicia Federal. Juan Pablo Morales es el nombre en común. Cuál es el estado de las investigaciones.

Por Redacción El Ancasti

Lunes 29 de junio del 2020. Miembros de la Corte de Justicia y Fiscales Penales recibieron en simultáneo un mensaje de Whatsapp con un video en el que aparecían los por entonces jueces de la Cámara de Apelaciones Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales supuestamente recibiendo sobres con dinero a cambio de la excarcelación del acusado de un robo. 

Martes 9 de noviembre del 2021. El fiscal Federal de Primera Instancia, Santos Reynoso, cita a indagatoria al excamarista Juan Pablo Morales por supuesta vinculación a una banda de narcotraficantes integrada por Sebastián “La Chancha” Frías, Marco Rearte, entre otros.

Ambas causas tienen imputados y se dirimen en fueros distintos: la primera está a cargo de la justicia provincial mientras que la más reciente se sustancia en el Fuero Federal. No obstante, para Morales ambos casos están ligados y denunció públicamente un presunto complot en el que estaría involucrado un estudio jurídico cuyo afán, en un primer momento fue sacarlo de Apelaciones y ahora, truncarle su carrera como litigante.

La causa por el supuesto cobro de coima de los exmagistrados es investigada por el fiscal Facundo Barros Jorrat, quien está al frente de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Administración Pública. Barros Jorrat asumió en ese cargo en febrero del 2020, luego de que Marcelo Sago quedara al frente del Juzgado de Control de Garantías N° 4. Barros Jorrat, sin experiencia previa en cargos del Poder Judicial, quedó al frente de la escandalosa denuncia.

El video llegó hasta los medios nacionales que se hicieron eco del caso. Por su parte, los involucrados se defendieron. Da Prá lo adjudicó a un ataque “con algo de intencionalidad política” y lo adjudicó a que veinte días antes había sido elegido representante de magistrados y funcionarios en el ya disuelto Consejo de la Magistratura. Por su parte, Morales se presentó ese mismo día en Fiscalía Penal acompañado por el abogado Luciano Rojas. "Que me investiguen con todas las garantías judiciales que a mí me corresponden y se las voy a controlar a rajatabla. Después lo otro, la validez o no de la prueba, se verá", expresó. Ambos sacaron licencia.

El fiscal Barros Jorrat pidió la investigación jurisdiccional y el por entonces juez de Control de Garantías N° 3, Ramón Porfirio Acuña, señaló que era "inconstitucional" y debía ser la Fiscalía que instruya el proceso. Esta medida fue apelada, pero quedó sin efecto luego que los jueces presentarán la renuncia. Con el proceso de juicio político ya abierto y tras la acusación del fiscal del Jury, Miguel Mauvecín, por "mal desempeño" los exmagistrados dimitieron en agosto de aquel año. 

Por su parte, Morales y Da Prá efectuaron una denuncia penal contra "autores desconocidos" porque consideraron que el video había sido falsificado. 

A fines de octubre del 2020, la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública imputó a ambos por el delito de "cohecho pasivo agravado", que prevé una pena de 4 a 12 años de prisión para el funcionario "que recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones". En el caso de los excamaristas, supuestamente habrían recibido dinero para otorgar la excarcelación de Daniel Edgardo Jiménez, acusado de un millonario robo a una estación de servicios en Valle Viejo. Jiménez fue imputado por "cohecho activo", ya que habría sido quien envió el dinero para que se le revocara la prisión preventiva, lo cual sucedió en marzo, tres meses antes de que saliera a la luz el video. La persona que entregó el dinero y grabó el video nunca fue identificada en la investigación y tampoco fue mencionada por los denunciantes.

Las defensas de Da Prá y Morales se opusieron a la imputación y el expediente llegó a manos de la jueza de Control de Garantías, Cecilia Más Saadi, que no hizo lugar a la presentación. Desde noviembre del año pasado, la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones a la espera de que el juez subrogante Diego Chayle Costilla llame a audiencia en la que se resolverá si ambos pueden ser llamados a indagatoria. 

En septiembre último, la pericia oficial del video realizada por Gendarmería Nacional determinó que fue "editado" y manipulado".
 
Escándalo en el Fuero Federal
El 31 de octubre, en un procedimiento por Gendarmería Nacional, cayeron dos “pesos pesados” del mundo delictivo: Sebastián “La Chancha” Frías y Marco Reartes. Ambos con condenas por asaltos. Junto a ellos cayó Pablo “Pininino” Frías. En el marco de esa investigación se concretaron escuchas telefónicas las cuales colocaron en la mira de la justicia a un actor impensado: el abogado Juan Pablo Morales, defensor de Rearte. 

El Fiscal Federal de Primera Instancia, Santos Reynoso llamó a indagatoria a Morales el martes pasado al considerarlo partícipe primario de venta de estupefacientes. Los roles eran los siguientes: "La Chancha" y Rearte eran quienes tenían a cargo hacer el acopio y la venta de la droga en la Capital. “Piquinino” era el que se ocupaba del almacenamiento y también colaboraba en la comercialización. Morales era el nexo para que Frías y Rearte pudieran contactarse con los proveedores. Uno de ellos es Gabriel Lazarte, quien está actualmente detenido en el Servicio Penitenciario Provincial, acusado del homicidio de Pablo Sebastián Chanampa, ocurrido en noviembre del año pasado en el barrio Santa Marta. La sexta integrante es una mujer, pareja de Lazarte. Ambos todavía no fueron indagados.

Morales en su declaración negó su participación y denunció que el fiscal Reynoso integra una "sociedad" con el estudio jurídico de Jorge Bracamonte, en el que trabaja Pedro Vélez, defensor de los hermanos Frías.

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