Los seis involucrados en la causa que investiga los presuntos abusos sexuales en la pensión del Club Independiente de Avellaneda serán sometidos a juicio, luego de que la Cámara en lo penal de Lomas de Zamora desestimó la nulidad de una de las defensas que pretendía evitar el debate oral y público. Los acusados afrontan los delitos de “abuso sexual, corrupción de menores y promoción de la prostitución”, y solo resta que la jueza de Garantías de Avellaneda, Brenda Madrid, disponga el auto de mérito para enviar a juicio, ya que la fiscalía lo reclamó hace varios meses en una larga investigación que llevó adelante María Soledad Garibaldi.
Los involucrados son el árbitro Martín Bustos, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, Alejandro Dal Cin, el representante de jugadores Alberto Ponte, el empresario Juan Manuel Díaz Vallone y Silvio Fleytas. El caso se destapó en 2018 cuando uno de los chicos de 14 años decidió contarle de lo sucedido a un psicólogo de la pensión de Independiente, y a partir de allí se fue a la Justicia con ese caso, pero luego se supo de muchísimos más.
Según el testimonio de los chicos, muchos de los cuales fueron tentados con ofertas sexuales a cambio de dinero, botines, ropa y otros objetos de valor, por el caso hasta intervenía el exárbitro Martín Bustos. Finalmente, hubo 14 casos de abuso comprobado que ahora serán sometidos a debate oral y público.
Los seis serán juzgados por los delitos de “promoción de la prostitución agravado por ser las víctimas menores de edad, corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal y explotación sexual”. En los últimos días, la Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora desestimó una nulidad de Cohen Arazi, y así la jueza quedó en condiciones ya de remitir el expediente a juicio oral y público para que un Tribunal fije fecha y los juzgue. Ya pasaron más de tres años desde que se descubrió el hecho que incluso fue disparador de otros episodios similares en clubes de fútbol.
Según la investigación encarada por la representante del Ministerio Público, los acusados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de los adolescente que elegían como víctimas debido a que la mayoría de ellos provenía de hogares de extrema pobreza y, además, sufrían una situación de desarraigo al tener que viajar a Buenos Aires para desarrollar su carrera deportiva en un equipo de la primera división del fútbol argentino.