lunes 24 de junio de 2024
FAMILIAR Y DE GÉNERO

La Corte aprobó el Protocolo para los casos de violencia

El 18 de octubre, los ministros del máximo tribunal de justicia firmaron la Acordada Nº 4548.

Por Redacción El Ancasti

Los ministros de la Corte de Justicia, a través de la Acordada Nº 4528, aprobaron el pasado 18 de octubre el Protocolo de Actuación para el Abordaje de Hechos de Violencia Familiar y de Género. El presidente del máximo tribunal de justicia catamarqueño, Miguel Figueroa Vicario, junto con sus pares José Ricardo Cáceres, Vilma Molina, Hernán Martel, Luis Cippitelli, Fernanda Rosales Andreotti y Fabiana Gómez consideraron conveniente e importante establecer mecanismos de actuación como así también fijar criterios uniformes para la atención, trámite y procedimientos a desarrollar ante este tipo de situaciones. Para ello, valoraron, se debe proceder con un abordaje integral e interdisciplinario, a fin de que de esta manera se pueda facilitar un rápido y eficaz accionar judicial para las personas víctimas de tales hechos de violencia.

Así, se resolvió aprobar el citado Protocolo. A la vez, se establece la obligatoriedad del Protocolo en todas las dependencias judiciales del territorio provincial.

En detalle, se indicó que el objetivo es asegurar el acceso a la Justicia a las víctimas de la violencia familiar y de género; fijar criterios uniformes y estándares básicos para la atención, trámite y procedimiento de las denuncias por violencia con un abordaje integral e interdisciplinario, acorde a los estándares internacionales de Derechos Humanos vigentes en la materia y facilitar la elaboración de estadísticas e informes necesarios para el diseño, evaluación y redefinición de políticas públicas judiciales y extrajudiciales.

“Todos los procedimientos deben garantizar la celeridad y eficacia en el abordaje de la problemática. La respuesta que den los organismos del Estado será considerada oportuna cuando implique la sustanciación del proceso más breve o la adecuación de los procesos existentes para que la resolución de los mismos no sea tardía”, se estableció.

En toda intervención como actuación generada a raíz del anoticiamiento o denuncia por violencia familiar o de género, en el primer contacto con la víctima, el operador le informará, dejando constancia de ello en el formulario de denuncia, sus derechos. 

De acuerdo con el Protocolo, se entiende por revictimización al sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos o superfluos. 

Se encuentran legitimados para efectuar la denuncia toda persona que hubiere sido víctima de violencia familiar y de género; quien haya tomado conocimiento de un hecho de violencia sea o no familiar de la victima; niños, niñas y adolescentes y personas incapaces que hubieren sido afectados directos o indirectos del hecho de violencia como así también testigos presenciales de la situación de violencia. Cuando la denunciante o víctima sea una persona menor de edad con autonomía, en los términos del sistema de capacidad progresiva establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación  se dará intervención al Ministerio Público de Menores en el plazo de 12 horas desde radicada la denuncia.

Los derechos de las víctimas

En toda intervención como actuación generada a raíz del anoticiamiento o denuncia por violencia familiar o de género, en el primer contacto con la víctima, se dejará constancia sus derechos.

  • A la protección de la intimidad e identidad de la víctima y de su grupo familiar, garantizando la confidencialidad de las actuaciones.
  • Se prohíbe la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece.
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  • A que la información sobre su domicilio se mantenga en reserva, cuando las circunstancias lo hagan conveniente para su protección.
  • A que se respete su dignidad.
  • A recibir un trato respetuoso y humanizado, evitando la revictimización.

 

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