LA PAZ - El cabo de la Policía de la Provincia Cristian Acosta y su hermano Gerardo Acosta, acusados de los delitos de "estelionato y encubrimiento" en cinco hechos, seguirán detenidos y se espera que en las próximas horas sean trasladados al penal de Miraflores.
Fuentes judiciales informaron que en el fallo de ayer, la jueza de Control de Garantías de la Sexta Circunscripción Judicial de Recreo, Corina Pérez, hizo lugar parcialmente a una oposición presentada por la defensa de los acusados, el abogado Luciano Rojas, y dispuso la libertad del tercer sospechoso, José Burgos, previo depósito de una caución real insustituible de 80 mil pesos.
Además, le fijó una serie de restricciones, entre otras, la prohibición de ausentarse de la jurisdicción mientras dure el proceso judicial y no acercarse a las víctimas ni a los testigos.
La prisión preventiva de los tres, quienes hasta el mediodía de ayer estaban alojados en la Comisaría de San Antonio de La Paz, fue solicitada por la fiscal Jorgelina Sobh.
A mediados de octubre, los tres cambiaron de defensor y el lugar fue ocupado por Rojas, quien cuestionó duramente el accionar de la fiscal que instruye la causa y de la jueza de Control.
En este marco y en diálogo con El Ancasti, aseguró que junto con sus defendidos "estamos muy disconformes con el fallo dictado por la jueza. Más allá de ser totalmente arbitrario y atentatorio del sistema acusatorio, en donde la jueza reemplazó la actividad de la fiscal a los fines de justificar la medida de coerción, entiendo que desde la casuística numerosas causas demuestran un preocupante desprestigio de la Justicia de la Circunscripción en lo referido al fuero penal".
Consideró además que esas circunstancias "hacen ver un paupérrimo funcionamiento del servicio de justicia" y adelantó que "en lo concreto, evalúo la correspondiente denuncia al Jury de Enjuiciamiento a la jueza por las causales de desconocimiento del derecho y mal desempeño de funciones".
Los hermanos Acosta y Burgos fueron arrestados a mediados de septiembre, sospechados de integrar una banda que habría estado liderada por el policía. Los tres habrían realizado compras y ventas de autos denunciados como robados en la provincia de Córdoba, que derivaron en cinco denuncias penales que dieron lugar a varios operativos y secuestros de vehículos.