La defensa del coronel retirado Francisco Gabriel Castañeda, imputado por el secuestro y homicidio de Griselda del Huerto Ponce y Julio Genaro Burgos, ocurridos el 15 de diciembre de 1976 en esta Capital, pidió ayer a los integrantes del Tribunal Oral Federal local el sobreseimiento total en la imputación y en la investigación de los hechos que se le endilgan.
En un alegato que duró casi cuatro horas, que se inició el miércoles a la noche y tras un cuarto intermedio, finalizó en la tarde de ayer el abogado Lucio Montero, quien atacó duramente la pretensión de condenar a prisión perpetua al exmilitar, presentada por la querella, representada por Ramiro Fresneda -integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación-, y del fiscal General Rafael Vehils Ruiz.
En este marco, descalificó el pedido realizado por dos partes de que el Tribunal aplique el delito de asociación ilícita a la hora de dictar sentencia, y luego de una extensa argumentación, para dar más sustento al cuestionamiento citó un fallo que luego fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre de 1986.
Sostuvo que en ese fallo "se dejó de lado cualquier cuestión relacionada con la asociación ilícita, donde uno de los integrantes de la Junta Militar que dio el golpe de estado en 1976 -el brigadier Orlando Ramón Agosti- era juzgado, y la Cámara Nacional de Apelaciones le aplicó una pena de 4 años y 8 meses de prisión porque no le aplicó la asociación ilícita. Y después la Corte Suprema de Justicia de la Nación le redujo la pena a 3 años y 9 meses de prisión". "Y acá, a un pobre teniente primero que estaba tirado en el Regimiento 17 de Infantería le queremos dar prisión perpetua, 12 años, 15 años y tantas otras condenas, lo que ha constituido un verdadero escándalo jurídico que algún día se va a tener que analizar, porque es increíble que a los comandantes que generaron todo se les aplique una pena extremadamente baja y para los subalternos -que ni siquiera sabían que había un plan sistemático-, terminan pidiendo pena perpetua".
Consideró que "no hubo un acuerdo entre partes como para configurar el delito de asociación ilícita, porque se trató de superiores y subalternos que seguían órdenes", y descalificó a la fiscalía y a la querella al considerar que “nada se resuelve creando delitos de la nada ni buscando el tipo penal buscando el procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura invirtiendo el orden lógico del razonamiento, que es lo que ocurre en este juicio".
"La orden ejecutada por mi defendido ha sido ejecutada cumpliendo un acto de servicio", remarcó.
Sostuvo además que "se condenó a la historia con el único fin de destacar los excesos de los terroristas subversivos, con el objetivo de exacerbar los sentimientos en contra de todo lo que fuera militar y de esa manera se hizo desaparecer de la historia argentina la barbarie patológica que implementaron los terroristas. Se hizo desaparecer de la memoria de los argentinos, los psicópatas asesinos que había que exterminar caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Al condenarse la historia se permitió que todos esos terroristas psicópatas asesinos que había que exterminar pasaran a ser de victimarios a víctimas y todos los militares, sin distinción alguna, pasaron de ser victimas a ser victimarios". El tribunal dará su veredicto la próxima semana.