Familiares y amigos de la joven venezolana abusada por su jefe realizaron ayer una protesta frente al local del barrio porteño de Balvanera para exigir la detención del acusado, cuya situación procesal se complicó al decidir la Justicia agravar la imputación. La jueza en lo criminal y correccional porteña Karina Zucconi en principio había imputado al comerciante el delito de "abuso sexual simple", pero en las últimas horas lo recaratuló como "abuso sexual agravado con acceso carnal", que contempla una pena de entre 6 y 15 años de cárcel.
No obstante el agravamiento de la imputación, el acusado, identificado por la justicia como Irineo Humberto Garzón Martínez, por el momento continuará el proceso en libertad.
La jueza Zucconi le impuso la prohibición de "tomar contacto por todos los medios de la víctima" como así también salir del país. Además, la magistrada fijó un embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de 90.000 pesos. "Señora jueza, defienda a mi hija", rogó Thays Campos, la madre de la víctima al encabezar este jueves la marcha realizada frente al local del imputado. Los manifestantes, en su mayoría venezolanos y miembros de otras comunidades de migrantes, se reunieron en Paso 693, en la zona de Once, para reclamar que la Justicia avance con la causa y ordene la detención del abusador.
"Yo vine a gritar por ella. ¡Justicia! Grito justicia por mi hija. Ella hoy no puede gritar. Pudimos salvar su vida, pero no su integridad. Llamamos a jueces, fiscales, autoridades de esta Nación: no queremos más violadores libres. Basta de violadores sueltos", agregó la mujer, quien destacó que la joven de 18 años recibirá en las próximas horas un botón antipánico. La víctima sufrió el ataque sexual en su primer día de trabajo en el local de Balvanera, perpetrado por su propio empleador.
