Presos arrancan chapas y toman los techos de la cárcel para colgar una bandera. Por las ventanas caen los colchones quemados, mientras los guardias amenazan con disparar desde la calle. En otro penal, detenidos se enfrentan con facas en los patios, en medio de un motín. Afuera, los familiares chocan con policías que custodian la zona. Las violentas escenas son apenas dos recortes del conflicto que mantuvo en alerta al sistema penitenciario argentino durante este año, con reclamos agravados por la pandemia de coronavirus.
Las protestas dejaron al descubierto un combo explosivo que se gesta desde hace tiempo en todas las cárceles: infraestructura deficiente y un acelerado crecimiento de la población penitenciaria. Las cifras son impactantes. Según un informe oficial, en la última década el número de presos aumentó cinco veces más que la cantidad de habitantes del país. Los datos recolectados por el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena (SNEEP), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, reflejan que al 31 de diciembre de 2019 había en el país 100.634 personas detenidas dentro de establecimientos del sistema penitenciario, incluyendo las 307 cárceles federales y provinciales.
Según el SNEEP, 10 años antes, el número de presos era de 57.403. Un crecimiento del 75%. Si se toma como parámetro las proyecciones del INDEC sobre la población total del país para ambos años -el censo se realizó en 2010 y el de este año se suspendió por la pandemia-, la evolución es mucho más lenta. De los 40.141.958 habitantes de 2009, Argentina pasó a 44.938.712. Apenas un 12% más.
Este crecimiento se ve reflejado en la tasa de detenidos cada 100 mil habitantes. En 2019, en Argentina ese indicador fue de 223,9, mientras que en 2009 era de 143,03. A pesar del fuerte aumento, el país sigue teniendo una de las tasas más bajas de la región, con números inferiores que Brasil (357), Uruguay (337), Perú (292) y Paraguay (241), y superiores a Chile (214).
“Si Argentina no cambia nada, el resultado en la próxima década va a ser el mismo: aumento de la cantidad de personas en prisión, crecimiento de los delitos y de la reincidencia. Estas estadísticas sirven para ver cómo está el país en comparación al mundo, pero en definitiva competimos contra nosotros mismos. Que la tasa de encarcelamiento aumente implica que hay más personas que cometen delitos y que hay más víctimas. Si el objetivo es prevenir, lo que hay que cambiar es la manera en la que intervenimos, afuera de las cárceles y también en contexto de encierro”, sostiene Leandro Halperin, legislador porteño por la UCR y especialista en temas penitenciarios.
Infraestructura
Según la Procuración Penitenciaria de la Nación, al 31 de diciembre de 2019, en las unidades federales el déficit superaba las 1.200 plazas. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires hay más de 45 mil presos, con una capacidad para albergar a menos de 30 mil.
Las condiciones de hacinamiento estuvieron en el centro de los reclamos de los motines registrados este año. Mientras denunciaban el riesgo de un contagio masivo de coronavirus dentro de las cárceles, los detenidos exigieron agilizar las liberaciones y prisiones domiciliarias de quienes estaban en condiciones de recibir beneficios procesales. Eso, a su vez, desnudó otro problema: la cantidad de presos sin condena.
El censo del SNEEP muestra que el 55,9% de los detenidos (56.270) tiene una sentencia en su contra. El resto de los presos (43.752) está procesado pero sin una condena. El dato, destacado durante la presentación del informe por el director de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Hernán Olaeta, confirma una tendencia que se revirtió en 2015 y se consolida desde ese año.
En cuanto al tipo de delito cometido por los detenidos, el ranking estuvo encabezado por robos (38.141), seguido por violación a la ley de drogas (16.664), violaciones y abusos sexuales (14.501) y homicidios (13.023). Entre aquellos que tenían una condena penal, la mayor parte (57%) afrontaba penas de entre tres y nueve años.
Perfiles
El informe del SNEEP destaca que los detenidos por infracción a la ley de drogas registraron el aumento más importante, cercano al 10%. Esa tendencia se reafirma en las cárceles federales. "Lo más alarmante es la cantidad de casos que se generaron por tenencia simple o tenencia para el consumo, mientras que las causas por contrabando bajaron. Eso demuestra que hay una mayor persecución al consumidor y al último eslabón de la cadena narco, que son las mulas", remarca Ariel Cejas, procurador adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación. El perfil de los detenidos también permite hacer una radiografía del delito en Argentina.
Según el relevamiento, el 95% de los presos son varones, 94% son argentinos, 58% son menores de 35 años y 66% tenía estudios primarios o inferiores al momento de ser detenido. El 78% no participó de ningún programa de capacitación laboral durante 2019, mientras que el 51% formó parte de algún programa de educación.
“Hay más gente que quiere hacer el primario que posibilidad de sentarse en la cárcel para hacerlo. El Estado no te garantiza poder hacer el primario. Algo similar sucede con los programas de capacitación laboral. Eso demuestra el desinterés del Estado de lo que pasa en prisión y, por consecuencia, de lo que pasa luego”, remarca Halperin.n
