La causa penal que involucra a los excamaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá se encuentra parada en la Cámara de Apelaciones, ya que aún no se pudo formar el tribunal que resolverá la situación apelada porque la mayoría de los magistrados fueron inhibiéndose. Una vez resuelta esta situación, la causa retornará a la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, en donde se avanzará con la pesquisa.
Morales y Da Prá quedaron en el centro de la escena al viralizarse un video el 29 de junio pasado en el que se los observaba supuestamente recibiendo dinero para revocar la excarcelación de un sujeto que estaba privado de su libertad en el Servicio Penitenciario.
Tras el escándalo se iniciaron dos causas, una penal y una administrativa. El Jury de Enjuiciamiento, que había avanzado con la acusación ya formulada por el fiscal del Jury, quedó sin efecto tras la renuncia de ambos sindicados.
Así fue que el 26 de agosto pasado Juan Pablo Morales (53) y Raúl Da Prá (57) presentaron la renuncia indeclinable al cargo, que les fue aceptada de inmediato. En ese contexto, el 3 de septiembre pasado, ese Tribunal de Enjuiciamiento archivó la causa, notificó a las partes y al Poder Ejecutivo.
En tanto la causa penal aún está estancada en la Cámara de Apelaciones, pues, según indicaron fuentes judiciales, el expediente se encuentra parado en Apelaciones ante la inhibición de varios jueces.
En ese orden y según trascendió, los jueces de la Cámara Penal N°1 y 2 se inhibieron. En tanto que los magistrados de la Cámara 3 no podrían integrarlo porque, de llegar a juicio la causa, recalaría en ese tribunal. Asimismo, se conoció que el juez Correccional N° 1, Marcelo Forner, optó por lo mismo, se inhibió; solo el Juez Correccional N° 2, Chayle Costilla, firmó la aceptación a integrar el
tribunal.
Ahora restaría la decisión del Juez Correccional N° 3, Javier Herrera.
Una vez confirmado, el tribunal deberá resolver la apelación planteada.
Es que cuando el hecho salió a la luz se abrió la investigación penal de oficio que fue girada desde la Secretaría de Sumarios de la Corte de Justicia a la Fiscalía General, desde donde se envió a la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública a cargo de Facundo Barros Jorrat.
El fiscal solicitó que el juez Porfirio Acuña realizara la investigación jurisdiccional. Éste consideró inconstitucional ese procedimiento y señaló que la causa sea investigada por Fiscalía. Barros apeló la medida por lo que desde ese momento el expediente recaló en Apelaciones.
Ahora, con la renuncia de ambos sindicados y ya sin los fueros pueden ser investigados. Apelaciones igualmente deberá resolver, en palabras comunes, cerrar esa situación para que la causa vuelva a la Fiscalía de Delitos contra la Administración Púbica, que avanzará en la pesquisa que tenía sindicados a ambos por el delito de "cohecho pasivo agravado".
