En marzo pasado y cuando el Gobierno nacional dictó el Decreto Nacional que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio en marco de la emergencia sanitaria vinculada con la pandemia del coronavirus (COVID-19), se suscribió un Convenio de Colaboración entre los Ministerios Públicos Provincial y Federal.
A través de éste, las partes se comprometieron a colaborar en el ámbito de sus competencias y tenía una vigencia de 90 días por lo que a la fecha finalizó.
En ese contexto, la Procuración General emitió una nueva resolución, que ya fue notificada a todos los fiscales penales de la provincia, en relación con el modo de trabajo.
En ese contexto, la resolución, a la que El Ancasti tuvo acceso, señala que "en lo sucesivo, los Señores Fiscales de Instrucción al ser consultados por hechos relacionados con la violación de las medidas dispuestas en el marco de la cuarentena, deben evaluar si el mismo queda tipificado en norma penal alguna de competencia Provincial o Federal para dar las directivas pertinentes.
Por su parte, en el caso que el accionar consultado quede bajo la competencia contravencional" detalla el instrumento.
Asimismo puntualiza que "también los Fiscales de Instrucción deberán brindar al funcionario policial, el asesoramiento necesario".
Durante lo que duró el convenio, la Policía informaba a los fiscales penales de las distintas Circunscripciones judiciales sobre la medida a cumplimentar. Avanzaba en la imputación de la persona hallada violando la medida e indagaba.
Todos los expedientes fueron girados a la Fiscalía Federal en donde se dio continuidad al expediente.