Un hombre de alrededor de 42 años llegó al banquillo de los acusados para responder por los delitos de “abuso sexual simple” y “abuso sexual por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por ser responsable de la guarda y por el daño en la salud mental de la víctima”. Por unanimidad, los jueces lo hallaron culpable del delito por el que venía incriminado y lo sentenciaron a la pena de 10 años de prisión, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
El hecho se dio a conocer en 2018 y desde entonces el acusado se encuentra privado de la libertad en el Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán. El debate se realizó en la Cámara Penal de Segunda Nominación y el Tribunal estuvo integrado por los jueces Carlos Moreno, Fernando Esteban y Elizabeth Cabanillas. El fiscal de Cámara estuvo acompañado por la asesora de Menores Carolina Acuña Barrionuevo. En tanto que el imputado contaba con el asesoramiento de los abogados particulares Julio Roberto Sosa y Ramón Gustavo Escobedo.
Por tratarse de un delito de instancia privada, la audiencia se desarrolló a puertas cerradas, en una única jornada y a manera virtual, dado que el acusado se encuentra alojado en el Penal. Por razones de prevención del coronavirus COVID-19, se efectuó la audiencia a través de videoconferencia. Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que el acusado es un exempleado judicial.
En 2018 fue denunciado por la madre de una chica de 13 años, con quien había tenido una relación –por ello el agravante-. A él se lo imputó por tres hechos de “abuso sexual simple” y un hecho de “abuso sexual por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por ser responsable de la guarda y por el daño en la salud mental de la víctima”. Esta calificación refiere a la otrora imputación de “estupro”.
El acusado declaró y asumió su responsabilidad. Según se indicó, dijo que la amaba, que fue un error. Pidió perdón e insistió en que fue un tremendo error.
El Ministerio Público Fiscal mantuvo la acusación y pidió “una pena severa”. Por ello, consideró la pena máxima para el delito más grave: 10 años de prisión. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 120 del Código Penal Argentino establece una escala de tres a seis años para quien abusare sexualmente “de una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente. Dado que sobre esta imputación pesan dos agravantes, la pena se aumenta de seis a 10 años de prisión.
A su turno, la asesora adhirió a lo planteado por su par del Ministerio Público Fiscal. Luego, los defensores Sosa y Escobedo solicitaron que los cuatro hechos se resuman en uno y que se quiten los agravantes.
Delito
Un manoseo, un ultraje que se reiteró durante años, una salida y un hombre que no entendió que “no es no”, una práctica con el novio sin dar el consentimiento son, en definitiva, algunas de la maneras de atentar contra el cuerpo, la libertad y la voluntad de personas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y también varones. Tales agresiones sexuales atentan contra la integridad, la privacidad y la identidad.
Los delitos contra la integridad sexual no se detienen. En la primera mitad de 2020, de acuerdo con estadísticas del Poder Judicial a las que accedió El Ancasti, se registraron 145 denuncias en esta materia. Es decir, en promedio, hubo una denuncia día por medio. En total, hubo 11.469 denuncias y de éstas 122 corresponden a “abusos sexuales”; ocho a “exhibiciones obscenas” y 15 a “acoso sexual”. Tales fueron registradas en las 11 Unidades Judiciales y la Unidad Judicial Especializada en Violencia Familiar y de
Género la Primera Circunscripción Judicial, que comprende a nueve de los 16 departamentos, es decir, más de la mitad de la provincia.
TELÉFONO
Ante la sospecha de que un niño, niña o adolescente pueda ser vulnerado en su integridad física, sexual o emocional, se debe llamar a la Línea 102 de Asistencia a chicos y chicas en riesgo.
