El juez de Control de Garantías N°3, Ramón Porfirio Acuña, declaró la "inconstitucionalidad" de la investigación jurisdiccional y dispuso que sea el fiscal quien avance en la investigación de las presuntas coimas que habrían cobrado los magistrados Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales.
La noticia fue confirmada ayer y ya fueron notificados el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, y los involucrados Da Prá y Morales. Estos tienen la alternativa de apelar la resolución del Juzgado de Control de Garantías.
Acuña resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 20 del Código Procesal Penal en el que se establece que el juez de Control de Garantías debe ser el que investigue cuando el sospechoso sea un legislador, un funcionario del Gobierno o un magistrado.
Los funcionarios gozan de fueros de arresto, pero no para ser sometidos a una investigación y solamente deberían investigar los jueces si el o los sospechosos no se presentaran a la requisitoria fiscal.
La causa había llegado a manos de Acuña la semana pasada luego que el fiscal Barros Jorrat - el último jueves - entendiera que existían elementos para que abriera la investigación contra los magistrados.
El escándalo que tiene como protagonistas a los jueces de la Cámara de Apelaciones se ventiló el lunes 29 de junio cuando se viralizó un video acompañado de un texto en el que se señalaba a ambos porque recibían aproximadamente 820 mil pesos, para revocar la prisión preventiva de una persona.
El video, editado y subtitulado, llegó en forma simultánea a los teléfonos de los Fiscales de Instrucción, Fiscalía General y a las autoridades de la Corte de Justicia. Desde el máximo tribunal local se dio participación al Tribunal de Enjuiciamiento. En forma paralela se abrió una investigación de ofició que recaló en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Barros Jorrat. Ese lunes 29 de junio Morales se presentó en Fiscalía junto a sus abogados Luciano Rojas y Ana González, y señaló que se ponía a disposición del fiscal.
“Que me investiguen con todas las garantías judiciales que a mí me corresponden y se las voy a controlar a rajatabla. Después lo otro, la validez o no de la prueba, se verá” había manifestado el exsecretario de Seguridad a El Ancasti.
En el escrito presentado al fiscal de instrucción manifestó “niego enfáticamente cualquier participación criminal que quiere atribuírseme”.
Al día siguiente sacó licencia.
Por su parte Da Prá, también negó la acusación y relacionó la denuncia a lo acaecido en la elección para integrante del Consejo de la Magistratura, en la que resultó electo.
“Creo que pudo haber algo de intencionalidad política. Sé que hay gente que no le cayó bien el resultado que nos dio ganadores en la contienda por el Consejo de la Magistratura”, sostuvo. El 9 de junio fue electo consejero representante de los magistrados.
Había designado a la Defensora Oficial Mariana Vera para que presente el escrito y según trascendió iba a ser representado por un letrado particular.
Antecedente
En septiembre del 2011 los jueces de Control de Garantías, José Carma y posteriormente, Porfirio Acuña, habían ordenado que se declare la inconstitucionalidad del artículo 20, cuando se había pedido la investigación jurisdiccional contra el exministro Javier Silva, durante la causa por el trágico incendio de la Alcaidía Provincial.
