El Juez de Control de Garantías investigará si existen elementos para iniciar el jury
El fiscal de Delitos contra la Administración Pública pidió la investigación jurisdiccional. No hizo lugar a la constitución de querellante de Fiscalía de Estado. El Juez tiene 2 meses para resolver.
El fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, giró las actuaciones al Juzgado de Control de Garantías solicitando la investigación jurisdiccional para los camaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, quienes están sospechados por el presunto delito de "coimas".
Para el fiscal, en la investigación de oficio realizada existirían elementos para sospechar la posible comisión de un delito.
Desde ahora y tras la solicitud el Juez de Control de Garantías Nº 3, Ramón Porfirio Acuña, en un plazo que no puede exceder los dos meses deberá concretar la investigación en relación con la supuesta responsabilidad de ambos sindicados. Si concluye que hay méritos suficientes solicitará el enjuiciamiento de Morales y Da Prá.
En paralelo, Barros Jorrat resolvió no hacer lugar a la solicitud de querellante realizada por Fiscalía de Estado. La presentación había sido realizada el miércoles por los abogados de Fiscalía de Estado Tomás Hugo Aybar y Jeremías Prieto.
En ese contexto, el fiscal dialogó brevemente con El Ancasti y señaló que el expediente ya está en el Juzgado de Control de Garantías sin ahondar en detalles en cuanto a la pesquisa preliminar realizada. En tanto que al referirse a la denegación de constitución de querellante a Fiscalía de Estado, dijo que se resolvió en ese sentido “por no ser la etapa procesal en donde debía ser dirimida”.
Reunión
En tanto, hoy volverá a reunirse el Tribunal de Enjuiciamiento para determinar si dispone la suspensión de ambos magistrados y si se corre traslado al fiscal del jury, Miguel Mauvecín, para que determine si hay elementos para que se avance con el juicio.
El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por Vilma Molina (presidenta), Raúl Chico (Cámara de Senadores), Augusto Barros y Juana Fernández (Diputados), Diana Abrevaya y María Antonia Rojo (Colegio de Abogados). Se habían reunido el martes a la mañana como todas las semanas y el polémico video que se viralizó el lunes al mediodía motivó que el asunto sea incorporado a la agenda de esa reunión. Estuvieron reunidos hasta las 12.20 y solamente los diputados Augusto Barros y Juana Fernández se refirieron al asunto, aunque no quisieron emitir opinión debido a su función de integrantes del jury. La reunión de hoy está pactada para las 10.
Cómo son los procesos
El fiscal Nº 6 de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, a donde se giró la causa y se investigó de oficio, solicitó la "investigación jurisdiccional". Los magistrados tienen fueros y en este caso el Juez de Control de Garantías Nº 3, Ramón Porfirio Acuña, deberá resolver en un plazo de dos meses.
Si el Juez entiende que no hay pruebas, la causa se caerá y será archivada. Caso contrario se pide el desafuero y el jury de enjuiciamiento. Además, de concretarse, se abre una investigación penal preparatoria (IPP) que será llevada a cabo por un fiscal de instrucción.
La investigación política. El Tribunal de Enjuiciamiento (integrado por un miembro de la Corte de Justicia, uno del Senado, dos de Diputados y dos del Colegio de Abogados) analiza el caso y corre traslado al fiscal del Jury (en este período está Miguel Mauvecín).
El fiscal del Jury deberá resolver si existen elementos para el juicio político. Su opinión no es vinculante. Luego, el Tribunal deberá definir si el caso es sólido para llegar a un juicio político o jury. En éste, el o los sospechosos pueden ser absueltos o condenados y destituidos.
Actualmente ambos camaristas se encuentran de licencia. Fueron solicitadas al otro día de explotar el escándalo, el martes. El lunes a la tarde ambos se pusieron a disposición de la Justicia. Presentaron un escrito en la Fiscalía Penal Nº 6. Morales lo hizo en compañía de sus abogados Luciano Rojas y Ana González. En tanto que Da Prá lo hizo a través de su abogada, la defensora oficial Marian Vera.
En la “denuncia” anónima que precede al video que se viralizó en correos se solicita que Raúl Da Prá y Morales sean investigados por “cohecho pasivo agravado”.
