Un fiscal de San Isidro quedó imputado y con un pedido de desafuero para ser detenido, mientras que dos de sus secretarios ya fueron arrestados, nueve policías detenidos y dos abogados están prófugos, en la causa por "narcotráfico y asociación ilícita", por la que se allanaron ayer una fiscalía y la sede de la Drogas Ilícitas de la policía bonaerense en ese partido del conurbano, informaron fuentes policiales y judiciales.
El fiscal imputado en la causa y con pedido de desafuero es Claudio Scapolán, actual titular del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, por presunto armado de causas junto a policías cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta desde diciembre de 2016. Al menos 20 allanamientos fueron ordenados esta mañana por la jueza federal 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en un expediente que lleva el número 36447, que se inició en 2016 y en el que también interviene la Fiscalía Federal 2 de ese distrito, a cargo de Rodolfo Fernando Domínguez.
Desde el juzgado, una de las fuentes judiciales consultadas por Télam indicó que se trataría de una investigación vinculada "al narcotráfico y al presunto armado de causas". Los allanamientos fueron realizados a pedido de la Justicia por detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA).
La fiscalía allanada es la ex UFI de Investigaciones Complejas de San Isidro (ahora rebautizada como de Drogas Ilícitas), que funciona en el segundo piso de los tribunales de la calle Ituzaingó 340, donde en 2015 se desempeñaba Scapolán y de donde la PFA secuestró computadores y documentación.
Por tener fueros, Scapolán no pudo ser detenido, pero la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez ya pidieron su desafuero y en los próximos días fijaran fecha para su indagatoria. Los dos secretarios que en esa época trabajaban en esa UFI junto a Scapolán, Maximiliano Jurisch y Gustavo Sanvitale, en cambio sí fueron detenido hoy por la PFA.
Scapolán tenía un proceso de jury abierto desde 2016 por otras irregularidades, a partir de una denuncia realizada por el exdiputada nacional Elisa Carrió.
