BUENOS AIRES- Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de la localidad de Pedro Luro que está desaparecido desde el 30 de abril pasado, puso en duda el testimonio de una mujer que dijo haber trasladado ese día a su hijo hasta una zona cercana a Bahía Banca. En tanto, fuentes de la investigación aseguraron que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso el desplazamiento de los cuatro efectivos de la subcomisaría de Mayor Buratovich que estaban de turno en el momento de la desaparición del joven, al igual que otros dos policías de comisarías de la zona.
La madre de Astudillo Castro afirmó que para ella “no hay lugar a otra hipótesis” que la de participación de la policía bonaerense en la desaparición de su hijo, y puso en duda el testimonio de una vecina de la localidad de Teniente Origone, que dijo haber trasladado al joven el 30 de abril hasta un cruce de rutas cercano a Bahía Blanca. Fuentes de la investigación dijeron que esta mujer declaró haber levantado a Astudillo Castro en la ruta en Origone cuando se movilizaba en su camioneta Honda CRV gris. Por otra parte, unos 200 efectivos de la Policía Federal realizaron ayer la segunda jornada de rastrillaje en proximidades de la ruta 3, en jurisdicción de Mayor Buratovich.
El diputado nacional Rubén Manzi (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados de la Nación solicite al Poder Ejecutivo –a través de la Secretaría de Derechos Humanos- un informe sobre los casos de violencia institucional en los que hayan intervenido desde que comenzó la cuarentena, el pasado 20 de marzo. Concretamente, el legislador reclama que se “detalle los casos en el ámbito del territorio nacional, que han terminado en la muerte o desaparición de personas”. En los fundamentos de la iniciativa, Manzi advierte que una “profunda preocupación y temor se ha instalado en nuestra sociedad” dado el sensible incremento de “detenciones arbitrarias, imposición de tormentos y el número de personas muertas tanto en sedes de comisarías como en la vía pública, por exceso de violencia en los procedimientos policiales”.
