La interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, fue confirmada ayer en el cargo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Después de su oficialización dio una entrevista radial y consideró que "el día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad, por la situación económica. Todas las crisis a lo largo de la historia produjeron esto", señaló la exjuez en una primera frase polémica.
También opinó sobre la investigación de supuesto espionaje ilícito que lleva adelante el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena.
"Lo primero que vamos a hacer es garantizarle al juez Villena que cuenta con la colaboración del Servicio Penitenciario para todo lo que requiera", agregó. Y remarcó: "Vamos a establecer una vía rápida para enviarle la información al juez Villena en la investigación de espionaje".
La decisión de intervenir el SPF fue anunciada el miércoles por Alberto Fernández, en medio de una serie de acusaciones por espionaje ilegal a presos por alojados en el penal de Ezeiza.
Después del anuncio, se conoció que el juez Villena había ordenado una serie de allanamientos en el Módulo 6 de ese complejo penitenciario, con el fin de detectar si existían instrumentos instalados para espiar a los detenidos kirchneristas.
María Laura Garrigós de Rébori, exjueza de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires, es además la fundadora de "Justicia Legítima", y ahora estará a cargo de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios. El jueves Losardo y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, recibieron a Garrigós -que ya se había reunido con Alberto Fernández- en el Ministerio.
En ese encuentro se fijó una agenda de trabajo, que probablemente implique como primer paso, tal como hizo Cristina Caamaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) una auditoría de la administración del SPF. " Los allanamientos son temas judiciales. Veremos qué surge de ahí, pero por ahora lo desconocemos, eso lo lleva el juez", dijo una fuente del Gobierno.
Pero agregó: "Nadie puede desconocer que después de las denuncias de la AFI y las filtraciones aparecen cosas que aparecen ser que están conectadas con el Servicio Penitenciario. Por eso, más las circunstancias, ameritan que se intervenga, para cuidar y dar seguridad a los detenidos y al personal penitenciario".
A principios del mes pasado, y tras el violento motín ocurrido en el penal de Devoto por las condiciones carcelarias y el temor de los detenidos por contraer coronavirus, la fundadora de Justicia Legítima respaldó las excarcelaciones para presos por delitos menores.
Ayer a la mañana, en la misma entrevista radial a El Destape, negó que hubiera una liberación masiva de presos y dijo: "La cantidad de presos no depende del Servicio Penitenciario Federal, depende del Poder Judicial. No podemos controlar el ingreso ni el egreso".
"No hubo liberación masiva de presos. No hubo bandas de delincuentes corriendo por las calles. No paso nada de lo que tanto atemorizaba a la población", destacó.
En las filas del Ministerio de Justicia hablan de la urgencia de "reordenar" el SPF, y sostienen, frente a las versiones de una disputa de poder entre Losardo y Mena, que fue el Presidente quien eligió nombrar como interventora a la fundadora de Justicia Legítima, aunque es una figura muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Sobre los efectos de la pandemia en las cárceles, lugar indicado como "de riesgo" por el hacinamiento de los reclusos, la funcionaria indicó que "se están siguiendo todos los protocolos que estableció el ministerio de Salud en los penales". En la ciudad de Buenos Aires, ejemplificó, los detenidos antes de ser llevados a los penales pasan 14 días en las alcaldías, tiempo que pueden aflorar los síntomas de COVID-19.
Según la exmagistrada, actualmente residen 11.000 presos en el Sistema Penitenciario Federal.
"Se bajó mucho durante la pandemia porque disminuyó mucho el nivel de delitos. Además, se otorgaron un montón de pulseras para los arrestos domiciliarios. Eso desinfló un poco la olla a presión", explicó Garrigós.
Finalmente, en cuanto a su trabajo como interventora dentro del sistema federal de cárceles, Garrigós afirmó que "no es tan fácil cambiar estructuras tan consolidadas a lo largo de tanto tiempo”.
