Tras siete años prófugo, la policía logró dar con el paradero de un hombre que tenía pedido de detención por el delito de "trata de personas" y que por esa causa ya había sido juzgada y condenada una persona a 8 años de prisión.
Fuentes judiciales consultadas por El Ancasti confirmaron en la provincia de Córdoba se concretó la detención de José Eduardo Beltrame, quien cayó en un operativo por presunta violación a la cuarentena. En el sistema informático estaba vigente su pedido de detención emitido por la Justicia Federal local por lo que se notificó de esta novedad al Tribunal Oral Federal (TOF). Beltrame tiene que ser enviado a la provincia para ser juzgado.
La causa abierta contra Beltrame tiene su inicio en el 2013 luego de una llamada anónima efectuada al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el delito de trata de personas. En la comunicación telefonica se especificaba que en la localidad de Las Esquinas, en el departamento La Paz, funcionaba un prostíbulo en donde eran explotadas sexualmente menores de edad.
La investigación determinó que el local funcionaba bajo el nombre de "Scorpio" y estaba ubicado sobre la ruta nacional 157. El allanamiento se llevó a cabo el 5 de octubre del 2013 y fue efectuado por personal de la Division Trata de Personas de la Policía de la Provincia y de Gendarmería Nacional, que encontraron a cuatro mujeres y había clientes. Las jóvenes eran regenteadas por una mujer identificada como Cristina Albarracín, quien quedó detenida.
Las mujeres rescatadas eran oriundas de Santa Fe y tras ser entrevistadas por profesionales del Programa Nacional fueron enviadas a la Capital para tomarles declaración en el Juzgado Federal.
"Scorpio" fue clausurado por Bromatología de la municipalidad de Icaño ya que no contaba con la habilitación para su funcionamiento.
El expediente
La causa avanzó sin que Beltrame fuera localizado y fue elevada a juicio. A fines de febrero del 2015 comenzó el juicio contra Albarracín quien fue sentada en el banquillo de los acusados por el delito de "Trata de personas doblemente agravada".
El juicio por el segundo por este tipo de delito que se llevó a cabo en la provincia. El Tribunal estuvo conformado por los jueces Juan Carlos Reynaga, Adolfo Guzmán y el subrogante José Camilo Quiroga Uriburu.
La mujer se abstuvo de prestar declaración durante el juicio y atestiguaron diez personas. En los alegatos, el fiscal general Rafael Vehils Ruiz solicitó que la mujer sea condenada no por el delito en grado de tentativa como había llegado imputada, sino como coautora del hecho. Sostenía que Albarracín tenía dominio en el hecho. “Las piezas donde dormían las mujeres tenían rejas y ella era la única que tenía llave. La plata la tenía también ella y manejaba los libros de pases”, aseguró.
“Albarracín se aprovechó de la vulnerabilidad de las víctimas con el único fin de prostituirlas y obtener rédito de eso”, manifestó Vehils Ruiz.
Por su parte, la defensa, a cargo de Víctor García, había señalado que se sintió "sorprendido" por el pedido del fiscal y entendía que la causa debía haber sido caratulada como "promoción a la prostitución" y ser investigada por la Justicia provincial.
Aseguró que las mujeres estaban en ese lugar por voluntad propia y que su pupila nunca las “captó”. Hizo hincapié, en que la denuncia original daba cuenta de que en el lugar había menores de edad ejerciendo la prostitución y que esto no fue comprobado.
"Solo era una sirvienta" fueron las últimas palabras de Albarracín ante los jueces quienes pasaron a deliberar y condenaron a la mujer a la pena de 8 años de prisión.