El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, instruyó a los fiscales federales para que soliciten las medidas cautelares que aseguren el decomiso de los autos utilizados para violar la cuarentena. Casal dictó la resolución ante las distintas situaciones que se vienen presentando con personas que no cumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Presidente Alberto Fernández a través de un decreto de necesidad y urgencia.
La Procuración General verificó que gran parte de los delitos penales que arroja la tarea de fiscalización realizada por las fuerzas de seguridad se producen por conductores de vehículos lo que agravan los riesgos de contagio de coronavirus.
A raíz de esta situación, como complemento del secuestro preventivo, ahora los fiscales federales podrán solicitar que los vehículos permanezcan retenidos durante el trámite del proceso penal, y eventualmente, puedan ser decomisados en favor del Estado Nacional o estados provinciales, según corresponda.
En su resolución, Casal destacó que la protección de la salud pública tiene prioridad por sobre los fines penales, de manera que estableció como primordial que los infractores cumplan de inmediato con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Además, instruyó a los fiscales federales para que retengan los documentos habilitantes para circular, las llaves y todo otro elemento mecánico o electrónico necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento del vehículo.
Esta semana, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, dijo que había “un alto acatamiento de la cuarentena, pero se ha retrocedido y hay muchos autos queriendo entrar a la Ciudad”, al referirse al aumento de las personas se trasladan hacia los ingresos a Capital a pesar del aislamiento preventivo obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus.
“La gente tiene que entender de una vez por todas que tienen que cumplir la cuarentena, ayer se tomó como un día hábil normal, vino mucha gente a la Ciudad y necesitamos que se queden en las casas”, afirmó D´Alessandro.
En ese sentido, afirmó que a quienes no puedan justificar "les decimos que vuelvan a sus casas y no les permitimos el ingreso a Capital; y a los que reiteran (el intento de entrar) quedan demorados a disposición de la Justicia”. El funcionario añadió que hasta el momento hay 931 personas puestas a disposición de la Justicia por violar el aislamiento y advirtió: “Si tenemos que endurecer los controles para garantizar el aislamiento obligatorio, lo vamos a hacer”.
