Hace un mes en Santa María se había logrado desbaratar una banda que se dedicaba a la elaboración de billetes apócrifos. Por este hecho, Ramona Inga y Fernando Lagoria fueron imputados por el delito de “falsificación de dinero”. Por orden del fiscal de la Cuarta Circunscripción Judicial, Laureano Contreras, en la última semana se realizó un registro domiciliario. Tras este procedimiento, Lagoria sumó una nueva acusación en su contra.
Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que durante el operativo, el acusado había solicitado cambiarse los calzados. Esta actitud resultó sospechosa para las personas que intervenían en el procedimiento. Luego de requisarlo, se advirtió que en uno de sus calzados tenía escondida la tarjeta de cobro de su madre.
En este sentido, se precisó que la madre del acusado había fallecido en marzo último y desde entonces, mes a mes, continuó percibiendo el beneficio jubilatorio. Incluso, se acreditó el pago de noviembre pero, dada su situación procesal, no pudo cobrar el dinero. Ante esta situación, se lo imputó por el delito de “defraudación en perjuicio de la Administración Pública”. Según se informó, por tratarse de delitos federales, esta semana ambas causas pasarán a la órbita de la Justicia Federal.
Billetes falsos
A principios del mes pasado, personal de Gendarmería Nacional, con el apoyo de la Policía de Santa María, concretó un allanamiento en el distrito San José. En una vivienda secuestraron elementos diversos para la elaboración de billetes apócrifos. Según se señaló, se incautaron una fotocopiadora, papel especial, otros elementos y una cantidad no determinada de dinero falso, entre otros objetos. En la oportunidad, fue detenida una pareja reincidente en el ámbito delictivo. Las víctimas serían principalmente personas jubiladas y pensionadas.
Delito
El Código Penal Argentino (CPA) se refiere a la falsificación de dinero de curso legal en el título XII bajo el concepto de “Delitos contra la fe pública”. En el artículo 282 se establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere o pusiere en circulación”.
En diciembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) condenó a una mujer a dos años de prisión en suspenso tras haber sido hallada culpable en dos hechos por “adulteración de documento público” y “estafa”, ambos delitos contra la Administración Pública. En los fundamentos de la sentencia, los jueces indicaron que quedó comprobado que la imputada llevó a cabo la adulteración de documento privado y estafa.