En la segunda y última audiencia, el juez correccional de Segunda Nominación, Diego Chayle Costilla, resolvió no hacer lugar al planteo de cese de prisión para un hombre de apellido Bustos (60), imputado por el delito de “grooming”. La audiencia se abrió el jueves último de manera semipresencial. Bustos se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial de Capayán desde el 3 de diciembre. Desde allí participó a través del sistema de videoconferencia.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Olga Pereyra, quien estuvo acompañada por el abogado de la querella, Pedro Justiniano Vélez. En tanto que la defensa estuvo representada por el abogado Luciano Rojas.
En la audiencia, el defensor Rojas planteó una nulidad. El abogado consideró que había una inconsistencia dentro de la determinación de uno de los dos hechos en el requerimiento de elevación a juicio. Luego, se corrió vista a las partes. La fiscal Pereyra no hizo lugar al planteo. Tampoco el abogado querellante Vélez. Tras este planteo, Rojas solicitó el cese de detención para su defendido. En esta instancia, los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la querella coincidieron al solicitar que Bustos siga detenido hasta la audiencia de debate.
Luego de un cuarto intermedio, ayer se reanudó el debate y el magistrado dio a conocer su resolución: no se hizo lugar al cese de detención solicitado por la defensa de Bustos. En consecuencia, deberá continuar alojado en el Penal de Miraflores.
Oportunamente, se designará fecha para la realización de la audiencia de debate. Tampoco se hizo lugar a los planteos de nulidad efectuados.
Bustos se encuentra detenido en el Penal desde el 3 de este mes, tras haber sido capturado en el barrio de Palermo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Los hechos por los que Bustos debe responder ocurrieron en 2013 y 2016. En 2017, ambos fueron elevados a juicio. A fin de mantener la libertad, Bustos debía presentarse ante los tribunales que lo citasen las veces necesarias. Desde septiembre se intentó ubicar al acusado, a los efectos de informarle sobre algunas resoluciones vinculadas con sus causas. Sin embargo, no se podía dar con él. Ante esta situación, el magistrado ordenó la ubicación de paradero y el traslado por la fuerza pública. Personal de la División de Investigaciones informó que Bustos se encontraba en el barrio porteño de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El juez correccional libró un oficio a su par, el juez nacional de Rogatorias Gabriel Bustos a los fines de ordenar la extradición de Juan Carlos Bustos (60) a la localidad de San Fernando del Valle de Catamarca y autorizó el traslado a la provincia. De esta manera, el personal policial catamarqueño se puso en contacto con sus pares en CABA y Bustos fue capturado días pasados. El 2 de diciembre, una comitiva de la División de Investigaciones de la Policía de Catamarca partió hacia CABA con todas las medidas sanitarias para prevenir el coronavirus COVID-19. Bustos arribó a la provincia el 3 de diciembre y fue alojado en el Penal de Capayán.
Delito
El Código Penal Argentino (CPA), en el artículo 131 –incorporado en diciembre de 2013-, estipula que será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual.
