“Me puse a pensar en las cosas malas que hice. Pido una nueva oportunidad. Quiero estudiar. Estoy arrepentido y pido perdón”, expresó el joven de 18 años que en febrero fue declarado penalmente responsable por los delitos de “robo”, “hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa” y “robo agravado por lesiones”. El hecho más grave había sucedido en septiembre del año pasado; había asaltado a una mujer, a quien hirió en el rostro. La herida le demandó una cirugía. Desde entonces, el joven se encuentra alojado en el Centro Juvenil Santa Rosa. De acuerdo con la Ley 5544 de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, se debe cumplir un plazo de un año de medidas tutelares.
En aquella oportunidad –a principios de año-, en la Cámara de Sentencia Penal Juvenil había admitido su responsabilidad. Al mismo tiempo, reconoció su adicción a sustancias psicoactivas desde su niñez. Sin embargo, por entonces tenía 17 años y no podía ser penado. Hace unos días alcanzó la mayoría de edad, por lo que se fijó la audiencia sobre imposición de pena. La de ayer fue la primera audiencia de estas características en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil y estuvo presidida por el juez penal juvenil Rodrigo Morabito.
El joven tuvo la oportunidad de manifestarse con respecto a la situación en la que se encuentra. Contó que realiza un tratamiento para su consumo problemático y que aprendió a cocinar. “Ya no quiero consumir”, aseguró.
La directora de Chicos en Conflicto con la Ley Penal, Verónica Herrera, explicó que durante este año –“atípico a nivel institucional”, remarcó-, hubo “estabilidad”. También destacó que la pandemia por coronavirus COVID-19 afectó los recursos institucionales. “Lo conozco desde que tiene 11 años y desde los ocho que está ‘en el sistema’. Cuando tenía 11 años, se hizo una excepción en el Programa Acompañamiento y Supervisión en Territorio –conocido como ‘Libertad Asistida’”, recordó.
Además, la directora advirtió que en las instituciones, los chicos no logran sociabilizar adecuadamente. Según contó, el joven se encuentra en una etapa de desarrollo, que le permite cambiar. “Hay una posibilidad de cambio”, consideró.
Alegatos
A su turno, el fiscal penal juvenil Guillermo Narváez remarcó que se trataba de una “situación compleja”. A la vez, señaló que “el Estado debe proteger a los más vulnerables”. Sin embargo, advirtió que hubo tres hechos delictivos graves y “uno fue de gravedad extrema, por los medios empleados y el resultado. Dejó una huella en su cara y en su psiquis, con secuelas de por vida. A este Ministerio Público Fiscal no se conmueve por el arrepentimiento”, destacó.
Aunque reconoció el consumo problemático, resaltando que pese a su corta vida cuenta con un frondoso tratamiento médico, el fiscal solicitó una pena privativa de la libertad. En consecuencia, solicitó una condena de nueve años de prisión, la detención inmediata, el traslado al Servicio Penitenciario Provincial y tratamiento para sus adicciones.
Luego, el defensor penal oficial juvenil, Sergio Véliz, remarcó que el joven se sometió a medidas tutelares pero, por la pandemia, no pudo realizar un tratamiento por consumo problemático en un centro especializado. “Desde hace un año y tres meses se encuentra en el Centro Juvenil Santa Rosa. Atravesó la pandemia alejado de su familia. Tiene una adicción y lucha contra ella. Decidió responsabilizarse y cumplir con lo que se le impuso. Necesita continuar su vida pero no privado de la libertad, menos en el Servicio Penitenciario”, advirtió.
En este sentido, opinó que aplicar una pena sería aplicar un castigo que ya se le impuso. “Si se le aplica una pena, se castiga más a un chico que a un adulto”, consideró. Para Véliz, la pena debe ser la excepción y tras un año y tres meses de prisión en el Centro Juvenil, el fin punitivo estaría cumplido. Por ello, pidió que se diera por cumplida la pena o, en su defecto, que sea de cumplimiento en su domicilio, con un tratamiento en un centro especializado.
Pasado el mediodía, el magistrado dio a conocer el veredicto: fijó una pena de cinco años de prisión y continuará alojado en el Centro Juvenil Santa Rosa.
En este contexto, vale remarcar que el juez penal juvenil Morabito, días pasados, se reunió con el ministro de Desarrollo Social y Deportes, Marcelo Rivera, a los fines de acordar el acondicionamiento de un dispositivo especializado para jóvenes infractores de 18 a 21 años.
Entre sueños y expedientes
La historia de este adolescente comenzó a escribirse en los expedientes hace tiempo. Con ocho años ya conocía los pasillos del Juzgado de Menores –que por entonces tenía la competencia Asistencial-. Era un niño pequeño cuando comenzó a tener un consumo problemático de sustancias. Se inició con pegamento, marihuana y psicofármacos. Su situación familiar era bastante complicada y no había dudas de que era un niño en riesgo. En 2013, su historia se hizo pública. Tenía 10 años y había contado que cada vez que consumía “soñaba con comida y juguetes”.
El camino de las adicciones lo llevó a convertirse en un adolescente en conflicto con la Ley Penal, aun sin tener en edad para ser imputado. En septiembre de 2014 emitió el primer fallo sobre la necesidad urgente de intervención y compromiso estatal para una efectiva protección integral.
