SANTA FE- La Fiscalía Federal de Venado Tuerto ordenó seis allanamientos simultáneos en la Alcaidía de Melincué (cabecera del departamento General López), donde secuestraron droga, dinero en efectivo, armas, computadoras y teléfonos celulares.
La orden surge luego de una investigación donde se determinó que policías, incluido el Jefe del lugar y personal, lideraban una banda que vendía drogas dentro del penal.
Fue allanada la Alcaidía -particularmente el sector destinado al personal policial-, la oficina del jefe y los domicilios de todos los efectivos sospechosos (uno de ellos en Melincué y otros en Fortín Olmos, Díaz, y la ciudad de Santa Fe).
El hecho sacudió a la Unidad Regional VIII de la Policía, cuyas autoridades asumieron en septiembre pasado.
Y es que además del narcotráfico, se supo que la droga era recolectada con los propios patrulleros y que además los efectivos cobraban un canon especial a los reclusos para facilitarles elementos tecnológicos o bien permitir el alojamiento de familiares durante el aislamiento estricto por COVID-19 en Santa Fe.
La causa fue iniciada por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo del doctor Javier Arzubi Calvo, a partir de la evidencia recolectada en distintas investigaciones en trámite.
Se determinó -principalmente de escuchas telefónicas ordenadas en otras causas- que a partir de la suspensión de las visitas de familiares a las unidades de detención dispuestas, los empleados policiales y el Jefe de la Alcaidía, comenzaron a ingresar la droga a la penitenciaría.
Este mecanismo se conoce en la jerga como “la colada”, teniendo distinto precio de acuerdo al tipo de estupefaciente. La droga era adquirida por los propios reclusos a través de sus teléfonos celulares a vendedores en la ciudad de Venado Tuerto, a 55 kilómetros.
Luego, era enviada en vehículos de alquiler al cruce de las rutas donde aguardaban los móviles policiales para luego ingresar el material a los pabellones.
Ya sea si se trataba de marihuana o cocaína, el precio lógicamente se pagaba.
También los detenidos hablaban con sus familiares y otros detenidos en distintas cárceles sobre las tarifas que el personal cobraba por el ingreso de teléfonos. Pero no solo eso: también existía la posibilidad de que entren familiares durante la etapa en la que estuvieron suspendidas las visitas.
El costo de alojamiento en distintos pabellones o incluso para la permanencia en el lugar, oscilaban entre los $ 700 y los $ 10.000.