Las organizaciones civiles y activistas que conforman la Asamblea ni Una Menos de Mujeres y Disidencias de la Provincia de Catamarca, a través de una carta, efectuaron una denuncia pública por la violencia “que han sufrido y sufren las mujeres alojadas en el Casa Warmi”. El Estado debe garantizar y controlar el funcionamiento de la institución, se destacó en la misiva. Las críticas fueron dirigidas a la secretaria de Familia, María Carrizo, y a la autoridad del hogar destinado para las mujeres.
“Denunciamos al Estado provincial por la revictimización y vulneración de la integridad física y psicoemocional de las mujeres y sus hijos, que por situaciones de violencia de género se encuentran en la necesidad de recurrir a ese espacio, no sólo para el resguardo y la protección, a modo de prevención, sino también por la asistencia interdisciplinaria y el acompañamiento que las diferentes profesionales deben brindar a quienes se encuentran en el Hogar Warmi”, señalaron.
A vez, destacaron que llegaron a sus oídos los relatos de mujeres que pasaron por la institución y fueron víctimas de “terribles” vulneraciones. Según se detalló, “trataban de ser disciplinadas en la limpieza y el orden del lugar a través de castigos. Si no se hacía lo que la directora ordenaba, se las dejaba sin comer. Se les ordenaba no mantener contacto o comunicación entre ellas y se alentaban las peleas y los chismes para mantenerlas separadas entre sí”, se remarcó.
Además, las organizaciones civiles advirtieron irregularidades en los expedientes, en el procedimiento que debe aplicarse para cada caso. A la vez, el dispositivo interdisciplinario no es suficiente para abordar todos los casos ni para contener “las crisis que, sabemos, en contexto de violencia de género son comunes. Crisis que, según los relatos, nunca fueron abordados por el Hogar, sino recurriendo a la asistencia de organismo externo como el SAME”.
“El Hogar Warmi es un espacio sumamente necesario. Las organizaciones que intervenimos en este territorio advertimos la necesidad de un lugar libre de violencia, que sirva de espacio para sanar, para contener desde la escucha cariñosa, para generar aquellos contextos que permitan a las sobrevivientes seguridad, tranquilidad y cuidados”, sostuvieron.
En otro orden, se remarcó que durante esta pandemia, la Secretaría de Familia ha demostrado falencias “que se tradujeron en tremendas ausencias de las políticas públicas que desde el Estado provincial aborda la temática con funcionarios capacitados y comprometidos. “Desde las diferentes organizaciones, auxiliamos a las mujeres que no son asistidas por el organismo público que debe dar respuesta. Acompañamos a mujeres y disidencias que no podían desde acceder a un medicamento, a un simple traslado al Hospital o denuncias de abuso sexual entre otras violencias. Nunca hemos podido coordinar con la Secretaría de Familia para las articulaciones necesarias para acompañar todos estos casos”, aseguró la Asamblea.
Ante esta situación, las asociaciones civiles y activistas exigen la intervención del Hogar Warmi y que su directora sea inmediatamente apartada del cargo. “Exigimos que se considere el relato de las mujeres que fueron violentadas y hoy no se encuentran en el hogar. Exigimos que se tomen las medidas necesarias para cumplir con lo requerido, y que haga público cada una de las acciones en ese sentido”, indicaron.
El colectivo de mujeres es uno de los grupos sociales vulnerables, junto con niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y el grupo de diversidad sexual. No obstante, las mujeres trans se encuentran en un contexto de doble vulnerabilidad por esta condición y, al mismo tiempo, suelen estar invisibilizadas. El Hogar Warmi fue creado en 2016.
