Los allanamientos realizados en los últimos días en Andalgalá y Belén pusieron otra vez en el centro la problemática de las redes de distribución y tenencia de material de abusos sexuales infantiles.
En la provincia se realizaron desde el 2013 casi una decena de allanamientos vinculados con este tipo de delitos. Dos de estos casos tuvieron a personas imputadas y las causas fueron elevadas a juicio pero éstos nunca llegaron a concretarse.
La más resonante fue la de abril de 2013 cuando personal de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, que viajó desde Buenos Aires, irrumpió en una vivienda ubicada en calle Mota Botello al 1.300 y arrestó a un sujeto que era empleado administrativo de la policía. Esta persona vivía junto a sus padres en la vivienda en donde se secuestraron pendrives, CD, una CPU y celulares. La investigación surgió a partir de una denuncia del FBI, que informó del caso a la Unidad de Delitos Sexuales de Buenos Aires, que a su vez remitió la causa a la ya disuelta Unidad Fiscal de Delitos Correccionales. El sujeto estuvo detenido unos días y al tratarse de un delito excarcelable recuperó la libertad. Fue imputado por la distribución del material de pedofilia (artículo 128 del Código Penal). La causa fue elevada a juicio por el fiscal Sebastián Lípari e ingresó al Juzgado Correccional N° 1 pero el debate no se hizo.
En noviembre de 2018, en todo el país se realizaron 40 allanamientos en el marco del operativo "Luz de infancia". En Catamarca se realizó un operativo en el barrio Fray Mamerto Esquiú en el que se incautaron dispositivos electrónicos. Como parte de ese operativo se produjo la detención del pediatra Ricardo Russo, quien se desempeñaba en el hospital Garrahan y en noviembre del año pasado fue condenado a 10 años de prisión y fue inhabilitado para ejercer de manera perpetua.
En mayo pasado fue allanada una casa ubicada en calle Vicario Segura, cerca de la Terminal de Ómnibus en base a una requisitoria de un exhorto a nivel internacional de Interpol y de la Red Internacional de Lucha contra la difusión de material de abuso sexual infantil.
La tenencia es delito
En septiembre de 2019, el decreto 349/2018 promulgó la ley 27436 que castiga la simple tenencia de material de abuso sexual infantil, esto es "toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".
La ley castiga con penas de tres y hasta seis años de prisión al que produzca, financie, comercie, publique o facilite por cualquier medio contenido de abuso sexual infantil.
También se castigará con hasta tres años a quien facilite el acceso a espectáculos pornográficos o le suministre material pornográfico a menores de 14 años.
Argentina se ubica en la franja de países con mayor circulación de material de abuso sexual infantil en el mundo. En algunas mediciones, se ubica 5to en el mundo. En otras, dentro de la franja de los primeros 10. El aumento de casos ha sido abismal: entre 2013 y 2018 aumentaron en un 222.280% los reportes de casos en Argentina.
Traslado
La fiscal subrogante de Belén, Verónica Saldaño, inició ayer los trámites para el traslado del sujeto de 40 años quien fue detenido en General Deheza y tiene domicilio en Los Nacimientos.
Está imputado por distribución y tenencia imágenes de explotación sexual infantil.
