"La Justicia es como la serpiente; solo muerde a los que van descalzos", es una frase que con frecuencia retumba en los pasillos tribunalicios. Los chicos infractores a la Ley Penal no son la excepción. Ayer, se cumplió el primer año en vigencia del Régimen Penal Juvenil y durante este período ingresaron más de 200 expedientes a la Defensoría Penal Juvenil.
En octubre último, tanto la Fiscal Penal Juvenil –a cargo del fiscal Guillermo Narváez- como la Defensoría Penal Juvenil entraron en funciones. En una charla con El Ancasti, Sergio Véliz, defensor Penal Juvenil oficial, contó que el 95 % de los casos que se tramitan en este Fuero Especializado entran por la Defensoría. “Son todos de escasos recursos y no tienen una defensa particular; no tienen los medios. La mayoría de los chicos en conflicto con la Ley Penal cometen delitos menores, contra la propiedad, en su mayoría. También hay muchos casos de delitos contra la integridad sexual, pero no suelo tener intervención; tienen abogado particular. Esta es una particularidad”, advirtió.
Actualmente, en la Defensoría Penal Juvenil se tramitan 205 expedientes, que fueron remitidos, solamente por el momento, desde el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil del juez Fabricio Gershani Quesada.
Quedan pendientes detallar las causas del Juzgado de su par, Rodrigo Morabito. Según el defensor, las causas tienen mayor o menor medida de avance; a medida que van avanzando es la intervención que toma de la Defensoría”, detalló. Al mismo tiempo, advirtió que un mismo chico puede tener varias causas en trámite. “Hay una repetición de causas. A veces, hay que tratar que se acumulen cuando lleguen a juicio porque, de lo contrario, se expone a muchos debates. Se puede establecer un solo castigo. Es una cuestión que tiene que ser así. Si no, sería un desgaste judicial y para el adolescente, ya que tendría que sentarse varias veces en el banquillo de los acusados”, explicó.
Además, indicó que en este último tiempo –esta Defensoría especializada comenzó a funcionar en octubre-, entraron causas muy demoradas. Véliz contó que algunos chicos hoy son mayores, con el riesgo de que su pena sea de cumplimiento efectivo y en el Servicio Penitenciario. “El año que viene, va a ser de mucha actividad. Al haber un Fuero Especializado, se facilita que no pase el tiempo y se cumplan los plazos estipulados por Ley. Con el fiscal, tenemos una causa y trabajamos para cumplir todos los plazos”, aseguró.
Características
De acuerdo con los expedientes que recibió, el defensor advirtió una serie de patrones que se repiten en los chicos infractores. “En todos los casos, se denota una extrema vulnerabilidad: familias disociadas, padre ausente, a veces madre ausente, criados por los abuelos. El problema de las adicciones es increíble; esos son los casos de repetición. Se inician a los seis o siete años. Los informes dicen que a esa edad toman pastillas, muy chiquitos. Algunos dejaron la escuela a muy temprana edad o nunca fueron. Es una constante; se repite. Es una persona que tiene un cúmulo de cosas; por esa razón llegó donde está; no es una casualidad”, detalló.
En este contexto, reflexionó: la víbora siempre pica a los de pies descalzos. “Ese chico en conflicto con la Ley Penal es un todo, no es solo el delito. Hay que ver cuáles son las causas que lo llevaron al conflicto y lo pusieron en esa posición. Tenía que estar en la escuela o haciendo otra cosa, pero terminó delinquiendo. Si en todos se repiten los mismo factores, obviamente es una cuestión de vulnerabilidad y el Estado también se tiene que hacer cargo; tiene que estar en la etapa anterior. Esto es lo bueno del Fuero Especializado, que tiene otra visión; no es el castigo por el castigo mismo. La articulación es lo ideal”, contó.
En este sentido, a fin de lograr la reinserción –o, en muchos casos, la inserción social- el defensor especializado como el fiscal Penal Juvenil comparten un mismo criterio: que los chicos se escolaricen o que asistan a una escuela de oficios, a fin de adquirir herramientas para desenvolverse en el futuro y no retomar la senda del delito.
Una espera de seis años
La entrada en vigencia de la Ley Provincial 5.544 de Responsabilidad Penal Juvenil tuvo un trámite legislativo que llevó seis años.
En 2012, la Asociación Pensamiento Penal presentó una propuesta que no llevó a ser analizada en el recinto de la Legislatura.
También hubo otras propuestas, como la del diputado con mandato cumplido Luis Andraca, el de la diputada Macarena Herrera y de las diputadas Colombo y Guerrero, que se unificaron.
Un nuevo Régimen, “da una respuesta a una necesidad actual. Cuando un niño toca el sistema penal, queda manchado”, expresaron los legisladores en el recinto. En agosto de 2018, la Cámara de Senadores lo convirtió en Ley.