“Evitar que naufrague su corazón de barco” quizá sea la premisa poética de la Dirección de Infractores. Se trata de un área que recientemente entró en funciones dentro del ámbito de la Secretaría de Familia –que tiene a su cargo el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes- del Ministerio de Desarrollo Social. Verónica Herrera, quien tiene una amplia trayectoria en el abordaje de chicos en conflicto con la Ley Penal, es la directora.
“La misión fundamental es la atención especializada a niños, niñas y adolescentes presuntos infractores a la Ley Penal, a los fines de garantizar todos los derechos que les son inherentes por tratarse de personas en desarrollo para lograr el pleno desarrollo de sus potencialidades y la inclusión social, fortaleciendo los vínculos positivos, no violentos, estables y saludables. A su vez, se construye una identidad ciudadana”, comentó.
La directora precisó que esta área que abarca diferentes dispositivos, con varias funciones, desde coordinar acciones, proyectos y programas para chicos y chicas infractores, desde el diagnóstico, la derivación, la inserción educativa, social y comunitaria; fomentar las mesas de trabajo con el Fuero Penal Juvenil y los organismos del Poder Ejecutivo que estén vinculados con la temática de niñez y adolescencia. “En este contexto, se prevén la elaboración de protocolos y buenas prácticas profesionales. Muchas veces, desde la cotidianidad, se naturalizan ciertas prácticas y no se las cuestiona. Suelen ser prácticas erradas que vienen del viejo paradigma”, advirtió, dada su experiencia.
Además, desde esta Dirección se fomenta la responsabilidad penal que tienen estos chicos y la sumisión de ciudadanía, a través de distintos procesos educativos, laborales y terapéuticos. “La privación de la libertad es el último derecho y aún así, se contempla que no se vulneren otros derechos que tienen garantizados. Desde 2018 y 2019, tenemos una base de datos importante para dar lugar a investigaciones y desmitificar los delitos de adolescentes infractores”, indicó.
Chicas
El abordaje de adolescentes en conflicto con la Ley Penal no se refiere a varones. También las chicas pueden verse involucradas. La cuestión de fondo es que Catamarca no cuenta con un dispositivo de alojamiento para ellas.
Generalmente, detalló, cometen delitos contra la propiedad y la mayoría de las veces, siempre fue en grupo o acompañadas por alguien -un chico y una chica-. La directora remarcó que no hubo chicas que hayan cometido solas un delito. Dado el tipo de delito, con pena mínima, amerita una medida en territorio, a través del programa de acompañamiento.
“Los abordajes que tuvimos con chicas infractoras siempre fueron medidas penales en territorio. Los resultados fueron positivos, más rápido en comparación con los varones. Ellas suelen ser menos y para ellas no hay dispositivos de encierro. En el Centro de Admisión y Derivación (CAD), cuando ingresan chicas infractoras, pueden compartir espacios comunes con los varones. No obstante, las habitaciones son separadas y están con consigna policial femenino. Con la Secretaría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (SENNAF) pensamos en acondicionar el CAD para las chicas. Necesitamos hacer unas refacciones dentro del CAD y está previsto”, adelantó.
El 5 de enero de 2019 entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil y en junio último, la Cámara de Sentencia Penal Juvenil comenzó a trabajar; ya se concretaron debates y audiencias de suspensión de juicio a prueba, conocida también como probation. En este contexto, se tramitan causas en las que, en ocasiones, jóvenes adultos deben responder por delitos cometidos durante la adolescencia. De una u otra forma, quedó en evidencia la necesidad de un dispositivo para este grupo.
El juez penal juvenil Fabricio Gershani Quesada, en un acta en la que se confirmaba la detención de un joven acusado por un supuesto delito cometido durante su adolescencia. El magistrado indicó que corresponde abordar un problema de carácter muy complejo. Las Leyes Nacionales 22.278 y 22.80 infieren que cuando a un adolescente se le imponga una pena privativa de la libertad, ésta se realizará en un instituto especializado. Para el Juez penal juvenil se deben aplicar los principios universales de la materia especializada que imponen un trato especial y diferenciado para el joven imputado por un delito cuando es menor de edad. Al respecto, la Ley de Ejecución Penal 24.660 establece en el artículo 197 que “los jóvenes adultos de 18 a 21 años deberán ser alojados en instituciones especiales o en secciones separadas o independiente de los establecimientos para adultos. En su tratamiento se podrá particular empeño en la enseñanza obligatoria, capacitación y en el mantenimiento de los vínculos familiares”.
En materia de abordaje de chicos infractores, a nivel país, Catamarca es una de las provincias más avanzadas. La entrada en vigencia de la Ley Provincial 5.544 de Responsabilidad Penal Juvenil colocó a esta jurisdicción a la vanguardia. “Es un logro para la gente que viene trabajando en el área. Desde 2009 se comenzó a pensar para que salga la Ley”, comentó Verónica.
En cuanto a dispositivos, dentro de los dispositivos penales, la provincia cuenta con tres de los cuatro que son considerados fundamentales. Tenemos un dispositivo especializado de aprehensión, el CAD, –a nivel país solamente tres provincias tienen este tipo de dispositivo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro y Catamarca-. Tenemos el programa de Acompañamiento y Supervisión en Territorio –conocido como “Libertad Asistida”- que toma todas las medidas en terreno para evitar la privación de la libertad. Contamos un dispositivo de restricción o privación de libertad, con características semicerrada, de índole educativa, que es el Centro Juvenil Santa Rosa”, detalló.
Para completar esta estructura, se necesita el Centro Cerrado, con un régimen cerrado, barreras edilicias, muros perimetrales y personal de seguridad. En noviembre de 2015, la Secretaría de Seguridad y la cartera social, junto con los Juzgados de Menores, por entonces, habían firmado un convenio para la apertura de este dispositivo en el edificio del ex Correccional de Mujeres, sobre calle 1 de Mayo. Sin embargo, en junio de 2017, se cerró.
“En ese momento funcionó, con un solo chico. La Ley plantea la creación de un dispositivo cerrado y también para los chicos mayores de 18 a 21 años que cometieron delitos como adolescentes”, explicó. La apertura de este dispositivo es una de las necesidades y los operadores del sistema ya están trabajando para concretar el proyecto. “Se hizo una primera reunión, con el Fuero Penal Juvenil y el Ministerio de Seguridad. Necesitamos trabajar además con los Ministerios de Salud y de Educación, en un proyecto a nivel macrofuturo inmediato”, contó.
La semana pasada, los operadores del sistema recorrieron las instalaciones el Centro Juvenil Santa Rosa. “La visita se llevó a cabo en el marco de la mesa de diálogo, con el objeto de adecuar estas instalaciones de acuerdo con los nuevos estándares que prevé la Ley 5.544. Si bien las instalaciones cuentan en buen estado para alojar a adolescentes que se encuentran sometidos a medidas cautelares de privación de libertad, es necesario readecuar su estructura y funcionamiento para los casos en los cuales se haya declarado la responsabilidad penal de esos adolescentes y se les imponga una sanción restrictiva de libertad”, había comentado el juez Penal Juvenil Fabricio Gershani Quesada.
