La violencia que estalló en Rosario durante las dos primeras semanas del año con 17 asesinatos en 14 días no se resume en una sencilla explicación: se trata de una combinación de factores. Hay teorías sobre lo que hay detrás. Desde el Ministerio de Seguridad provincial a cargo de Marcelo Sain se mencionó públicamente a una “reacción” de un sector de la Policía a los cambios realizados desde la llegada del nuevo gobierno. “Había jefes policiales que se creían dueños de la provincia. Me parece que a partir de ahora quedan en la picota en cuanto al cuestionamiento penal”, dijo Sain el pasado lunes en una entrevista con Aire de Santa Fe. A esa “reacción” de ex jefes policiales se agregaron disputas territoriales entre bandas y conflictos interpersonales que terminaron en peleas. También hubo balaceras, como la ocurrida el sábado pasado contra el casino City Center de Rosario, donde Enrique Encino, gerente bancario, murió de un tiro en la cabeza mientras fumaba un cigarrillo.
La sombra de Los Monos marca este ataque, ya que se dio en medio de un posible traslado de su líder Ariel Máximo “Guille” Cantero a un penal federal de la Patagonia desde la cárcel de Ezeiza, un movimiento típico del Servicio Penitenciario Federal para esmerilar a un capo, para alejarlo de visitas y contactos y su zona de poder, algo que ya se ha hecho con temibles como César Morán de la Cruz, el jefe más temido de la Villa 31 bis. Un cobrador de “Guille” llamado Maximiliano Damián Díaz, apodado “Cachete”, detenido esta semana por la Policía provincial en una investigación del fiscal Luis Schiappa Pietra, enfrentaba su audiencia de imputación ayer miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario acusado de planificar ese ataque.
Hay, también, otros mensajes en la pared para el Gobierno y el nuevo ministro de Seguridad, en sitios web a la vista de todos y con términos tan frontales como oscuros. Más allá de los nombres que brindó Sain de jefes que ya no están en funciones, existe un grupo de personas que ya no pertenecen a la fuerza hace años y suele agitar la situación en una ciudad con más de un muerto por día.
Algunos son policías retirados y otros exonerados; no están en actividad hace muchos años pero aprovechan el uso de las redes sociales y las páginas web de supuestos “sindicatos" policiales, agrupaciones no reconocidas y sin personería jurídica para lanzar mensajes contra los gobiernos provinciales, cualquiera sea el signo político, un movimiento en una guerra de desgaste. Ex comisarios de otras provincias prefieren ventilar su agenda y sus rencillas a través de WhatsApp, en confianza, pero esto está a la vista de todos.
En internet
Una página, la de la agrupación UTRAPOL, de la ciudad de Santa Fe, publicó una nota el lunes pasado donde, en cierta forma, admiten que hay agentes que podrían estar detrás de algunos de los delitos que se cometen en la provincia. “A los jefes nadie los forrea”, titularon el artículo. Una foto de una gorra lo ilustraba: “Bajo presión, nada”, decía la leyenda. El texto redoblaba la apuesta: “Los jefes policiales van a dejar que la cosa decante y que el Gobernador se dé cuenta que el problema es Sain y Sarnaglia”, decía, en referencia a Víctor Sarnaglia, nuevo jefe de la fuerza.
“Nadie nos basurea”, continúa un subtítulo del texto publicado el lunes. “Las acciones tomadas por la conducción política y policial sobre los altos mandos, particularmente en Rosario, hicieron que los jefes se plantearan un viejo mecanismo de acción que rápidamente tiene una llegada a través de la cadena de mandos hasta el último eslabón policial, donde se deja bien en claro”, sigue la letra.
Luego, explota en mayúsculas, una cita a un jefe anónimo: “Hay que cuidarse de estos tipos, hacemos lo justo y necesario, llegamos al lugar de los hechos después que se maten todos, no vamos a aguantar el forreo de un zurdo incapaz, ni de un jefe inepto”.
El resto de la nota es más grave todavía. Vale la cita entera: “Cuando a un policía, les exigís cosas que no pueden cumplir por negligencia política... el policía busca defenderse y comienza a bajar la intensidad de los procedimientos; es un mecanismo de defensa innato en cualquier ser humano, mucho más en un trabajador sobre donde políticos y sectores del poder judicial quieren escudar sus culpas. No hay ni habrá sumisión al poder político cuando hay órdenes improcedentes”.
