DEL FUERO PENAL JUVENIL

Se declararon desiertos los concursos para fiscal y defensor especializados

La Ley 5.544 crea cuatro cargos. Ahora la Gobernadora puede designar a los funcionarios.
jueves, 18 de julio de 2019 · 02:03

Desde enero de este año está en vigencia la Ley Provincial 5.544 de Creación del Fuero Penal Especial Juvenil y de Procedimiento de Responsabilidad Penal Juvenil. En el artículo 12 se establecía la creación de dos Fiscalías Especiales Penales Juveniles y de dos Defensorías Penales Juveniles a los fines de que actúen conforme con lo establecido en la flamante normativa.

Sin embargo, solamente se llamó a concurso de antecedentes y oposiciones para cubrir un cargo de fiscal y un cargo de defensor, ambos Especiales Penales Juveniles. Los concursos fueron declarados desiertos dado que no se pudo completar la terna correspondiente. Ante esta situación, la gobernadora Lucía Corpacci está habilitada para enviar el pliego de los candidatos que ella considere idóneos a la Cámara de Senadores, a los efectos de que se les dé acuerdo.

Deuda saldada

El 30 de agosto de 2018 todas las manos se levantaron en la Cámara de Senadores para sancionar la Ley Provincial 5.544 de Creación del Fuero Penal Especial Juvenil y de Procedimiento de Responsabilidad Penal Juvenil. Con esta norma se comenzó a saldar una deuda para con los chicos infractores y también para la sociedad. La entrada en vigencia de un Régimen Penal Juvenil empezó a desmitificar ciertas creencias populares, vinculadas con “la puerta giratoria para los adolescentes” y en la impunidad de la que presuntamente podrían gozar por su condición de “menores de edad”.

A partir de 2012 en la Legislatura provincial se presentaron alrededor de cuatro proyectos para la creación de un Régimen Penal Juvenil. En 2013 se aprobó la Ley Provincial de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Aunque se trató de un gran paso legislativo, los chicos infractores continuaban al margen. Durante esos años, la situación de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal comenzó a visibilizarse. A la vez, su particular situación evidenciaba un tratamiento específico y no se contaba con las herramientas legales para ello. Si bien la participación de los chicos en hechos de inseguridad representa un número ínfimo, la respuesta debe ser especializada. La necesidad de concretar el cambio ya no podía ocultarse. Las denuncias contra los chicos infractores ingresaban al Juzgado de Menores y, por detrás, los abogados defensores presentaban planteos de nulidad. La posibilidad de dar una respuesta encontraba un tope interpuesto por la falta de una ley específica en la materia.

En 2017, dos propuestas, una de la oposición y otra del oficialismo, se fusionaron y en noviembre de ese año, al filo del cierre de las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados dio sanción a este proyecto. Pocos meses después, la Cámara alta dio sanción completa. En enero de este año, la Ley 5.544 finalmente entró en vigencia y la respuesta a la sociedad comenzó a llegar. La flamante normativa establece, entre otras cuestiones, que en aquellas causas en las que un adolescente estuviera involucrado en un hecho delictivo con una persona mayor de edad, el Fuero Penal Especial Juvenil atrae la causa. Al adolescente se lo juzga de manera especializa por su condición de tal y al adulto como persona mayor de edad. La norma alcanza a aquellos adolescentes que al momento del hecho delictivo tengan 16 y 17 años, aunque sean juzgados con la mayoría de edad.

El doctor César Marcelo Soria, juez de la Cámara Penal de Tercera Nominación y titular de la cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, había valorado la entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil. “Es importantísima (esta Ley) porque el Proceso Penal Juvenil estaba demorado y ya se está trabajando. Ya enviamos causas. Es posible reducir el caudal de causas pero todo depende de los operadores. Las leyes más sabias han fallado por no tener una adecuada implementación. Es decir, no tuvieron cursos, no prepararon a la gente. A nivel país, es una de las mejores leyes; es una ley importantísima. Es un avance. Esta Ley es importante pero a las leyes hay que dejarlas caminar. Va a resultar importante la jurisprudencia que se vaya creando. Habrá que lograr la adecuada implementación con los operadores del sistema”, sostuvo.

En funciones

Los expedientes ya llegan al Tribunal Penal Juvenil para que tomen un nuevo curso. Los fiscales ya debieron plantear audiencias en el Juzgado de Control de Garantías de este Fuero Especializado. La Cámara de Apelación en lo Penal Juvenil también debió prepararse para entrar en funciones. Además, la Cámara Penal de Tercera Nominación fue la primera en declararse incompetente en una causa en la que estaban involucrados un adolescente y un joven mayor de edad. Al mismo tiempo, remitió la causa a la Cámara de Sentencia en lo Penal Juvenil. En este sentido, esta Cámara especializada ya tuvo su primera causa, con un veredicto condenatorio por el robo al local gastronómico Las Grullas: un joven de 21 años cumple una pena de siete años de prisión y un adolescente, que al momento del hecho tenía 17 años, fue condenado a cuatro años de prisión, bajo un tratamiento especializado acorde con la normativa vigente. También, se concedió una suspensión de juicio a prueba: un chico y un joven resarcieron económicamente a la víctima y además deben realizar trabajo comunitario (no remunerado) en la venidera Fiesta del Poncho.

Al hablar de un Régimen Penal Juvenil, más aún con un enfoque de derechos, debe borrarse la imagen de una cárcel para chicos. Se trata de dar una respuesta a un adolescente que cometió un delito y que al mismo tiempo se lo debe reinsertar o insertar (porque algunos ni siquiera están escolarizados) en la sociedad. También se debe dar una respuesta a la víctima y a la comunidad. La cuestión no es el castigo sino asumir la responsabilidad de los hechos. A fin de dar esa respuesta, se prevén varias posibilidades: la amonestación, la reparación del daño ocasionado, la mediación, la inclusión a un programa de libertad asistida, privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre, en su domicilio o en un establecimiento especializado en jóvenes en conflicto con la Ley Penal. Esta última medida es la última opción.

No hay lugar para la impunidad con la Ley en vigencia. El camino para comenzar a pagar esta vieja deuda ya se comenzó a transitar pero aún quedan algunos pendientes. Todavía no se nombraron fiscales ni defensores penales juveniles. Se avanza a un ritmo propio pero lo importante es no detenerse; tampoco ir hacia atrás.

Competencias de dos cargos especializados

La Ley indica que la intervención se realizará en las distintas etapas del proceso ante los Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil con competencia como Cámara de Sentencia y Cámara de Apelaciones especializadas. El fiscal Especial Penal Juvenil tiene atribuciones para procurar la mediación; proceder al archivo de las denuncias y de las actuaciones de prevención, cuando la naturaleza del hecho no justifique la persecución o cuando considere que ello resulta conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico penal o para el futuro del imputado; realizar las funciones que esta y otras leyes le asignen al Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a los defensores, desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, el adolescente puede nombrar defensor particular. Si existieren intereses contrapuestos o acusación por el delito, el Asesor de Menores velará por el ejercicio de la garantía prevista. Hasta tanto se designe defensor particular, se dará intervención al defensor o defensora Especial Penal Juvenil.

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