A un año del reclamo por malos tratos que un grupo de padres que llevaban a sus niños al Jardín Privado Maternal e Infantes “Pequeñas sonrisas”, que derivó en denuncias penales y en la clausura del local, el fiscal imputó a dos de las maestras a cargo.
Ahora las docentes están acusadas por el delito de “lesiones leves a la salud” y deben responder por 12 hechos.
La investigación fue iniciada por la Fiscalía de Instrucción de Quinta Nominación, en un primer momento encabezada por el fiscal Luis Baracat. Sin embargo, en noviembre el fiscal Hugo Costilla quedó al frente de la causa. En mayo del año pasado, un grupo de papás y de mamás denunció que en ese establecimiento sus niños eran maltratados. Los mismos padres habían advertido cambios en la conducta de sus hijos y la renuncia de una auxiliar docente avivó el alerta.
Fuentes consultadas por El Ancasti informaron que Celeste Ferreyra y Romina Ferreyra son las docentes imputadas. Si bien estaba previsto que ayer se realizara la audiencia indagatoria, las acusadas –por medio de su abogado defensor- manifestaron que no estaban en condiciones de salud para asistir. Por ello, se fijó un plazo hasta la próxima semana para que se presenten y no sean declaradas en rebeldía. Sebastián Ibáñez, abogado en representación de la querella de dos padres, en un primer momento también había denunciado por los delitos de “abandono de persona agravado por el resultado de daño en la salud y por la edad” –los niños tenían, en promedio, cuatro años- y “estafa”. En este sentido, se indicó que el establecimiento funcionaba de manera clandestina, sin habilitación de la Municipalidad ni del Ministerio de Educación. Además, se remarcó que una de las docentes no tendría título.
Ampliación
En agosto, el papá de uno de los niños que asistía a “Pequeñas Sonrisas” se había presentado en la Unidad Judicial Nº 2 a fin de ampliar la denuncia contra esta institución. Este papá denunció a la Municipalidad de la Capital por incumplimiento de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la ordenanza municipal que reglamenta el funcionamiento de las Guarderías y Jardines Maternales.
El abogado de los querellantes había aportado como material probatorio recibos que cuentan con la firma y sello de la directora y dueña, quien no fue imputada, “por el pago de cuotas mensuales y por un monto importante de dinero”. Para la querella, con la existencia de estos comprobantes que cuentan con el sello del jardín, “quedaría probado el delito de estafa”.