La Cámara de Apelaciones hizo lugar a lo dictaminado por la jueza de Control de Garantías de la Sexta Circunscripción Judicial de Recreo, Corina Pérez, quien había declarado la nulidad absoluta en la causa que se investiga a efectivos policiales por el robo de ropa secuestrada en la Comisaría de Recreo y rechazó la apelación interpuesta por la fiscal Jorgelina Sobh. Con la resolución, la fiscal deberá realizar otro dictamen y volver a realizar las indagatorias.
La causa tiene que ver con el robo de una importante cantidad de elementos secuestrados, sobre todo de prendas de vestir, que se encontraban en la Comisaría de Recreo. El hecho salió a la luz a mediados de septiembre del año pasado tras la denuncia efectuada por uno de los comisarios actualmente imputados.
En el marco de la investigación, la fiscalía imputó a los comisarios Javier Contreras, Raúl Vaquel, Hugo Martínez, Oscar Giménez y Marcelo Regalado por el delito de "omisión en los deberes de funcionario público" y están en libertad.
Por otra parte, imputó al oficial Gustavo Véliz, los agentes Walter Abad, Ismael Moya y el sargento Diego Cejas por “robo agravado” por su condición de integrantes de la fuerza y fue en relación con la imputación de los subalternos en lo que se declaró la nulidad de lo actuado.
Según fuentes judiciales, la jueza entendió que en ningún momento de la pesquisa quedó probado que haya existido la rotura de un candado o que se haya ejercido violencia para ingresar al depósito donde estaba la ropa.
Tras la resolución de la magistrada, la fiscal de la causa, apeló la medida y la audiencia se realizó la semana pasada.
El miércoles último el tribunal de alzada resolvió a favor de la jueza por lo que la fiscal deberá volver a realizar el dictamen y determinar la imputación para los policías en base a los elementos que obran en la causa.
El hecho
En relación con el robo de los elementos y según fuentes policiales, el cargamento de ropa estuvo guardado en un calabozo de la Comisaría Departamental de Recreo y pertenecía a un secuestro realizado en mayo del año pasado.
Entre otras cosas había vestimenta para hombres y mujeres, y calzados valuados en más de 2 millones de pesos.
La investigación de la causa en un primer momento estuvo a cargo de la fiscal de instrucción Duarte Acosta, pero después pasó a la fiscal Jorgelina Sobh, quien determinó que los jefes a cargo de la comisaría durante el período investigado -mayo de 2017- habrían incurrido en el delito de "omisión de los deberes de funcionario público".
En paralelo, desde la Jefatura policial se dispuso el inmediato pase a disponibilidad de toda la cúpula oficial de la Unidad Regional N° 2 de Recreo y de los numerarios aprehendidos.
En aquel momento el jefe de Policía, Orlando Quevedo, aseguró que el accionar delictivo que se endilgaba a los policías le hacía sentir "vergüenza ajena porque nos toca desde muy cerca.
No se puede entender que haya pasado esto en una comisaría, así que estamos muy avergonzados y muy molestos".
Se pudo conocer que la fiscal actual presentaría en las próximas horas un escrito apelando la medida dispuesta por el Juzgado de Control de Garantías y que por su parte la defensa de los detenidos exigiría que sean puestos en libertad.
