El caso de los apremios contra las artesanas, a la espera del juicio oral

Agregaron que durante el procedimiento sufrieron el robo del teléfono celular, el cual nunca pudieron recuperar.
Pamela fue excarcelada a las 48 horas en tanto que Fabiana fue dejada en libertad 72 horas después. Curiosamente ambas fueron imputadas por el delito de "resistencia a la autoridad". Cuatro meses después esa causa fue elevada a juicio.
Acto seguido radicaron la denuncia por "torturas". Dos días después, el 3 de junio, se realizó la primera marcha por violencia de género "Ni una menos" y ese fue el marco que escogieron para hacer público su traumático caso.

Tras conocerse la denuncia penal, desde la Jefatura Policial se abrió una investigación administrativa cuyos resultados no se dieron a conocer. Un mes después el fiscal de instrucción 2, Mauricio Navarro Foressi, imputó a la policía Dagma Yasmín Moya por el delito de "severidades" que figura en el artículo 144 bis 3) y que prevé una pena que va de 1 a 5 años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo. 

Las artesanas buscaron como abogado a Sebastián Vergara y se constituyeron como querellantes en la causa. No quedaron conformes con la acusación porque aseguraban que había otros policías que participaron de la agresión y que fueron denunciados e identificados. Por último entendían que la imputación debía agravarse y ser encuadrada en "torturas".
En marzo del 2016, la fiscalía pidió la elevación de la causa únicamente contra la policía Moya. La querella se opuso a la elevación a juicio e insistió con el cambio de carátula hasta que en junio del 2017, la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido por considerarlo improcedente. La citación a juicio quedó firme y fue enviada al Juzgado Correccional 2, para que se realice el debate.

"Está paralizada"
Vergara, abogado querellante, dialogó con El Ancasti al cumplirse cuatro años del episodio.
"Hace más de dos años que está la causa en el Juzgado. Está paralizada. Todavía no hay fecha". La incertidumbre se acrecienta, ya que Luis Mario Varela, juez Correccional 2, está próximo a jubilarse y la agenda de debates está estancada.

"La preocupación de mis representadas es la demora. Son cuatro años que ocurrió el hecho y todos los policías siguen en funciones", manifestó.
Vergara recordó que fueron al menos "cinco policías, algunos masculinos", que participaron del intento de desalojo y posterior arresto.
"A la propia justicia le toca intervenir de manera parcial. Es muy difícil que la justicia penal que trata con estos policías investigue de manera objetiva a sus propios colaboradores", concluyó. Este diario intentó comunicarse con las víctimas, pero no pudo ser posible.