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DEBATE EN LA CÁMARA PENAL DE TERCERA NOMINACIÓN

Acusado de ultrajar y corromper a una niña negó hechos

Habría sucedido en febrero de 2017. La víctima tenía nueve años y ayer se animó a declarar.

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22 de mayo de 2019 - 04:00 Por Redacción El Ancasti

Un hombre de 31 años ocupa el banquillo de los acusados de la Cámara Penal de Tercera Nominación. Debe responder por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “corrupción de menores”. En febrero de 2017 se había aprovechado de una niña de nueve años en la Capital.

Por tratarse de un delito de instancia privada, el debate se desarrolla a puertas cerradas, a fin de preservar la identidad de la nena. Si bien el acusado no es un familiar director, sí tendría una relación cercana con la familia. Para resguardar a la niña, no trascendió su nombre. El padre de la nena fue quien realizó la denuncia al descubrir los abusos.
De acuerdo con información a la que accedió El Ancasti, el Tribunal está integrado por los jueces Jorge Palacios, Patricia Olmi y Marcelo Soria. El Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal Miguel Mauvecín y la asesora de Menores Gabriela Velázquez. La defensa es ejercida por el abogado Roberto Mazzucco. 

Ayer se concretó la primera audiencia. Según se indicaron las fuentes consultadas por este diario, el acusado decidió declarar pero negó los hechos. También testificó la niña y se presentaron cuatro testigos. Luego, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio. La agenda judicial de esta Cámara prevé que la audiencia se reanude hoy con los alegatos y posiblemente los magistrados den a conocer un veredicto.

El abuso sexual en la infancia (ASI) es una de las formas de violencia más extremas hacia niños, niñas y adolescentes. En Argentina, este grupo socialmente vulnerable registra estadísticas escalofriantes. En su gran mayoría, las víctimas son niñas y los victimarios son hombres pertenecientes al círculo íntimo familiar, padre, abuelo, tío o hermano, o cercano, amigos de la familia o docentes. 

En octubre del año pasado, el Senado sancionó una ley que obliga al Estado a actuar de oficio ante los delitos de abuso sexual en la infancia. La flamante norma modifica el artículo 72 del Código Penal y convierte en carácter de orden público este tipo de delitos. De esta manera, la acción ante la Justicia podrá ser iniciada por cualquier persona y el Estado, a través de los fiscales, estará obligado a llevar adelante las investigaciones correspondientes. Es decir, se elimina el requisito de la denuncia de los representantes legales del niño, niña o adolescente como condición para proceder.

En tanto que la “corrupción de menores” es un delito incluido en el Libro II del Código Penal Argentino (CPA) y es definida como una forma de atentar contra la integridad sexual de chicos y chicas. En esencia es atentar contra la integridad sexual psicológica a un menor de 18 años, promoviendo su participación en prácticas sexuales desviadas o para promover el inicio de la vida sexual a edad temprana.

En un primer momento, la doctrina consideraba que el bien jurídico a proteger con este delito era la “moralidad del trato sexual”, la cual podía agredirse en “sus modos”, con la corrupción y en “sus motivos”, por medio de la prostitución. Sin embargo, los nuevos paradigmas buscan proveer una mayor protección al derecho de toda persona a elegir qué conducta sexual va a adoptar en su vida, sin que el Estado pueda indicar cuál es la moralidad sexual. En este sentido, la corrupción “de mayores” nunca es delito, excepto que sea contra la voluntad del individuo. En la legislación argentina, este delito se encuentra establecido en el artículo 125 del CPA, que indica que “el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años”.

Además, estipula que “cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda”.

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