Los Autoconvocados del Poder Judicial de la Provincia de Catamarca (AJuPCa) se hicieron escuchar días pasados, con una movilización frente a la Corte de Justicia y el reclamo no se calla. En aquella oportunidad, reclamaron por un incremento del 20% para abril y ahora exigen mejores condiciones en sus lugares de trabajo.
Cecilia Falcón, referente de AJuPCa, en una charla con El Ancasti, comentó que actualmente el Poder Judicial tiene una planta de 1.500 empleados y la mayoría se desempeña en los cerca de 47 edificios que se alquilan en toda la provincia para las distintas reparticiones. El único edificio propio es el de la Corte de Justicia, remarcó.
La referente señaló que la mayoría de los edificios se encuentran en condiciones obsoletas y poco funcionales. A lo largo de los años, pocas reparticiones pudieron cambiar de edificio. Actualmente, se gestiona para que los Juzgados de Familia, que funcionan en Avenida Güemes al 600 se trasladen al edificio de Leo III.
Baños en malas condiciones, hacinamiento, humedad en las paredes, ratas, cucarachas y estructuras poco funcionales son los problemas más frecuentes a la hora de trabajar en condiciones mínimas. Además, remarcó que ya casi no hay espacios para conservar a los expedientes en lugares seguros. Los ambientes laborales son insalubres, aseguró.
Al mismo tiempo, Falcón advirtió que casi no hay accesibilidad para personas con discapacidad, tanto si realizan un trámite como si trabajan en estos edificios. No hay ascensores, rampas de acceso ni baños adaptados. También reconoció que los edificios donde funcionan las Unidades Judiciales –casas alquiladas para tal fin- no reúnen condiciones mínimas.
Asimismo, consideró que tanto la falta de lugares dignos de trabajo como de personal se debe a la falta de presupuesto. A la vez, indicó que los ministros de la Corte deben defender el presupuesto del Poder Judicial para los trabajadores y sus lugares de trabajo. Según Falcón, la Ciudad Judicial debe dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad. La promesa ya tiene más de 13 años, recordó. Un proyecto era construirla en el predio de la excárcel. Con un espacio propio, como sucede con el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE, en el ex Regimiento), se favorecería al empleado y a las personas que realizan trámites. Por último, expresó que el plan de lucha continuará.
De los tres Poderes del Estado, el Poder Judicial registra la planta de trabajadores más pequeña, con 1.500 empleados. En 2018, el Poder Legislativo tenía presupuestados 2.136 empleados en la Cámara de Diputados, con la posibilidad de sumar a 193 más. La Cámara de Senadores tenía 915 trabajadores. El Poder Ejecutivo, el año pasado, presupuestó 54.333 empleados entre 47.558 agentes de planta permanente y 6.775 empleados no permanentes. Además, en los últimos tres años, el Poder Judicial tuvo un varios recortes presupuestarios.
En 2015, antes de la elaboración del presupuesto, el Ministerio de Hacienda solicitó a la Corte de Justicia que rectifique su presupuesto y se dedujeron $31.000.000. “La Corte accedió, advirtiendo que dicho recorte obligaba ‘a posponer la puesta en funcionamiento de algunas nuevas dependencias judiciales recientemente creadas por ley”, dijo días pasado el supremo tribunal de justicia.