SOLAMENTE UNO FUE EXONERADO

En los últimos dos años, 15 empleados judiciales fueron cesanteados

Así lo informaron desde la Secretaría de Sumarios de la Corte de Justicia. En tanto otros trabajadores no pueden ascender por sanciones impuestas.
lunes, 13 de mayo de 2019 · 04:09

Depurar significa “quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o lo que no sirve para dejarla pura”. En este sentido, en el Poder Judicial, en los últimos dos años, 15 empleados fueron cesanteados, uno fue exonerado y un grupo considerable, dadas algunas sanciones impuestas, no pueden ascender.

Sebastián Lípari, secretario de Sumarios de la Corte de Justicia de Catamarca, comentó que este estamento del Estado cuenta con un régimen disciplinario propio, en el que se establecen reglas éticas sobre la función del ejercicio del cargo y las atribuciones y deberes en la función pública, entre otras cuestiones.

Los ‘castigos’ van de menor a mayor: el apercibimiento, la multa –hasta el 20 % del sueldo-, la suspensión del goce de haberes hasta 60 días, la cesantía y la exoneración. Esta última es la más fuerte y suele ser aplicada cuando a un empleado o agente se le prueba un ilícito. Con este castigo, “no puede obtener otro cargo en la administración pública”, aclaró. En tanto que la cesantía es un despido que permite que la persona pueda conseguir otro trabajo dentro de la administración pública.

Además, explicó que los funcionarios con acuerdo, como fiscales, defensores, asesores y jueces sí pueden ser multados o apercibidos pero solamente el jury de enjuiciamiento puede exonerarlos. El Poder Judicial posee un Registro Único de Sancionados, en el que también quedan asentados los empleados ‘reincidentes’. “Algunas reincidencias terminaron en cesantías”, contó.

El castigo no es azaroso; previamente se realiza una investigación preliminar, sea de oficio, por alguna noticia o por la denuncia de un particular. En promedio, por año se realizan unas 80 investigaciones. “El Poder Judicial es el único que se autodepura. Todas las reparticiones públicas pueden exonerar o cesantear”, indicó. Los expedientes con los sumarios llegan a una Sala de Sumarios que están integrada por dos ministros de la Corte –que suelen ser elegidos todos los años para esta función-. Este año, los ministros José Ricardo Cáceres y Miguel Figueroa Vicario están a cargo de resolver los sumarios.

Las causales de remoción pueden ser el mal desempeño, entre otras cuestiones, o haber cometido algún posible delito. A la vez, aclaró que la sanción disciplinaria puede tener una pena accesoria, que impide el ascenso.

“Lo que se busca con el sumario no es la sanción sino corregir defectos en la buena administración o en el buen servicio de Justicia o el prestigio del Poder Judicial. Son cuestiones que hay que corregir y se corrigen a través de los sumarios. Esta corrección tiene una incidencia singular en el sumariado, con la sanción, y una incidencia correctiva como pauta ejemplificadora con el resto de los compañeros o de los empleados”, consideró.

El yerno, exonerado

En febrero del año pasado, Jesús del Valle Andrada fue exonerado del Poder Judicial luego de haber sido imputado por el delito de "hurto simple en calidad de coautor".

Se desempeñaba en uno de los Juzgados Correccionales y, además, es el yerno de un juez de Cámara.

A finales de marzo de este años, se vio involucrado en otro ilícito. Había intentado cometer un robo en Nueva Coneta, Capayán.  Por este hecho, nuevamente fue imputado. El fiscal  Hugo Costilla fijó una caución por $50.000 para dejarlo en libertad pero aún no encontró fiador y permanece tras las rejas.

Policías de la Provincia, bajo sospecha pero aún en funciones

Por su parte, la Policía de la Provincia ya cuenta con varias quejas contra algunos de sus uniformados. En febrero de este año, El Ancasti publicó un informe al respecto. Comisarios y subalternos fueron procesados, imputados y enviados a juicio por la Justicia, pero administrativamente parece no haber sufrido escarmiento.

Es que según una investigación que realizó este diario, tres de los comisarios relacionados con delitos de extrema gravedad administrativa siguen trabajando y en uno de los casos fue pasado a retiro sin que haya sido antes sometido a una investigación judicial.

En los tres casos se realizaron investigaciones sumarias internas, dos de ellas como lo exige la norma policial, terminaron en los pasillos judiciales. Allí los policías no solo fueron imputados por la exigencia de los elementos de pruebas reunidos sino que fueron enviados a juicio.

Si bien el jefe de Policía, comisario Orlando Quevedo, señaló en reiteradas oportunidades que los uniformados habían sido pasados a disponibilidad y que continuarían así hasta que finalicen las investigaciones sumarias y penales, hoy tres de ellos están en funciones y se estima cobrando sus sueldos normales.

Además, los policías implicados en delitos contra la Administración Pública, quienes en su mayoría son comisarios, se encuentran involucrados en hechos de robos y violencia de género.
Por lo general en todo los casos se inician las sanciones administrativa que, si así lo ameritan, derivan en denuncias penales.

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