EN CÁMARA PENAL DE PRIMERA NOMINACIÓN

Acusado de ultrajar a una niña pequeña negó los hechos

viernes, 26 de abril de 2019 · 04:00

En el ámbito de la Cámara Penal de Primera Nominación inició un debate por abuso sexual. El acusado debe responder por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por causar un grave daño a la salud de la víctima”.

Por tratarse de un delito de instancia privada, el debate se desarrolla a puertas cerradas, a fin de resguardar los datos de la víctima y evitar la revictimización. Fuentes consultadas por El Ancasti informaron que el Tribunal está integrado por los jueces Carlos Moreno, Carlos Roselló y Fernando Esteban. El Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal Jonathan Felsztyna, acompañado en la querella por la abogada Silvia Barrientos. La defensa del imputado es ejercida por el abogado Orlando del Señor Barrientos.

Según se informó, en la primera audiencia, el acusado negó los hechos. También, declaró la primera ronda de testigos. Luego, se pasó a un cuarto intermedio. El debate se reanuda hoy, con la comparecencia de nuevos testigos. Posiblemente hoy las partes formulen sus alegatos.

Obligación de denunciar

En octubre del año pasado, el abuso sexual en la infancia (ASI) se convirtió en un delito de acción pública. El Senado sancionó una ley que obliga al Estado a actuar de oficio ante los delitos de abuso sexual infantil. Antes de esta norma, este tipo de casos eran considerados de orden privado, es decir que la acción penal solo podía ser iniciada a instancias de la víctima o de sus familiares o tutores. La flamante norma modifica el artículo 72 del Código Penal y convierte en carácter de orden público este tipo de delitos. De esta manera, la acción ante la Justicia podrá ser iniciada por cualquier persona y el Estado, a través de los fiscales, estará obligado a llevar adelante las investigaciones correspondientes.

Es decir, se elimina el requisito de la denuncia de los representantes legales del niño, niña o adolescente como condición para proceder, “no solo resguardando sus derechos superiores consagrados por pactos internacionales e incorporados en nuestra Constitución, sino que hasta protegiéndolos de los propios integrantes de su familia y sus  representantes, quienes como lamentablemente ocurre en sinnúmero de casos, son los autores de la agresión contra ellos”, se explicó.

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