Unas 15.402 víctimas de distintos tipos de violencia recibieron asistencia del Estado entre junio de 2018 y marzo de este año, se informó oficialmente este viernes.
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El Estado asistió a más de 15.000 víctimas de violencia en diez meses
Casi el 68% de los casos corresponden a violencia sexual e intrafamiliar, informó la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas, dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las estadísticas indican que el 67,8% de los casos (10.443) corresponden a violencia sexual o familiar; el 15,1% (2.324) a los homicidios y femicidios; y, en tercer lugar, el 10,9% (1.678) a la trata de personas.
Las víctimas que son asistidas desde el CENAVID se encuentran bajo la órbita de los programas nacionales como Las Víctimas Contra las Violencias, Lucha Contra la Impunidad y de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, que son impulsados por la cartera de Justicia.
El Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), fue creado tras la sanción de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372) en junio de 2017.
Esta norma sirvió para situar en el centro de la escena a las víctimas y provocar un cambio de paradigma en la asistencia a las personas que atraviesan situaciones de violencia con un enfoque basado en los derechos humanos.
El decreto 421 que fue sancionado en mayo de 2018, puso en marcha la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas, con el fin de centralizar la atención de las víctimas de todo el país y poder brindar asesoramiento jurídico, psicológico y social.
Este órgano, que ya funciona en los 90 Centros de Acceso a Justicia, tiene como objetivo final dar contención, orientación y asesoramiento a las víctimas de delito de competencia federal en toda la Argentina, y a las víctimas de delitos con competencia ordinaria de la justicia nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en colaboración, a través del requerimiento de jurisdicciones locales.
Además, la Ley 27.372, dio lugar a través de dicho decreto a la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos, destinado a revisar y analizar las políticas públicas implementadas con motivo de la instrumentación de la Ley de Víctimas.
De esta forma, para la asistencia a las víctimas de trata de personas interviene un equipo de psicólogas/os y trabajadoras/es sociales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas; en tanto que para atender a víctimas de violencia familiar o víctimas de violencia sexual, tanto de niñas, niños, adolescentes o adultas/os interviene el equipo interdisciplinario del Programa Las Víctimas contra las Violencias.
Entre los nuevos canales de atención también se instrumentó la línea telefónica 149, que brinda asesoramiento las 24 horas del día los 365 días del año. Asimismo, las victimas también pueden recibir asesoramiento gratuito en todos los operativos semanales que brinda el Estado en tu Barrio en las distintas provincias.
Las universidades nacionales adhirieron a la “Ley Micaela"
En el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores de todas las universidades del país votaron la adhesión del sistema educativo superior a la ley que prevé la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado, así como desarrollar y promover políticas tendientes a erradicar la desigualdad entre los géneros. “Ley Micaela”, en memoria de la joven, de 21 años, asesinada en Gualeguay en abril de 2017, contempla como destinatarios de las capacitaciones a los funcionarios de la gestión pública, de los tres poderes del Estado y organismos descentralizados. Sin embargo, las universidades nacionales no estaban especificadas en la normativa. Por eso la medida busca marcar un hito en materia de género en el área.